Las pensiones más bajas de toda España se encuentran en Ourense, con 648,22 euros. Mientras la pensión media en Galicia está en los 749,67 euros, 140 euros de media menos que la media estatal. Pero la verdadera guinda de la falta de poder adquisitivo de nuestros pensionistas gallegos, la tienen en exclusiva el maltratado colectivo de los autónomos, con una pensión media que roza los 593 euros mes. ¿Es esta la recuperación de la calidad de vida y de la tranquilidad económica domestica de nuestros mayores y pensionistas?
Es verdad que la viabilidad del sistema de pensiones se plantea cada vez más difícil. Los nuevos jubilados tienen mayor esperanza de vida, pero además los que se incorporan perciben prestaciones mucho más altas que los que fallecen. Destacando que el colectivo de trabajadores que tienen que sostener las pensiones ha ido disminuyendo en los últimos años, ya que los que se incorporan al mercado laboral lo hacen con empleos más precarios y salarios a la baja.
Las reformas iniciadas por el Gobierno en 2011 (retraso en la edad de jubilación, ampliación del período de cotización con el que calcular la pensión, límites a la revalorización anual) son remiendos que no están frenando la sangría del Fondo de Reserva de las Pensiones, que ha adelgazado a la mitad en apenas cuatro años. Lo cual ha derivado a la Seguridad Social a acumular en los últimos cinco años un déficit equivalente a 38.974 millones de euros. Con lo que este organismo se ha comido en los últimos años la mitad del Fondo de Reserva. En total, 43.984 millones de euros. Esta debilidad financiera de la Seguridad Social, que acumula déficit tras déficit, ya ni siquiera puede derivar responsabilidades de sus desequilibrios, entre ingresos y pagos al Estado, quien completó en 2013 la separación de las fuentes de financiación.
A esta pérdida de cotización, como reconoce la propia Seguridad Social en su Informe Económico-Financiero de 2016, ha contribuido la reducción de empleos y el aumento de la tasa de parcialidad, que ha pasado del 17,8% en 2008 al 23,6% en 2013. Hay más empleo, pero los trabajadores cotizan sobre bases más bajas debido a las menores horas trabajadas y a la reducción de las nóminas.
El sistema público de pensiones es un pilar fundamental del Estado social y democrático en nuestro País. Es por ello que nuestra Constitución exige a los poderes públicos que a los ciudadanos de la tercera edad se les garantice la suficiencia económica mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Sin embargo, garantizar las futuras pensiones exige también introducir cambios para que el sistema sea capaz de enfrentarse al reto que supone financiarse teniendo en cuenta una mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población, la relación entre pensionistas y cotizantes, así como una situación macroeconómica variable como la actual, con caída de cotizantes y alto número de desempleados. Esa reforma pasa por limitar al máximo las prejubilaciones, flexibilizar la edad de jubilación, facilitar la prolongación de la vida laboral de forma voluntaria y, de manera adicional, mejorar la fiscalidad del ahorro a largo plazo para la jubilación.
Si no afrontamos este grave problema con agilidad y criterios sólidos, difícilmente se podrá sostener el sistema actual. Con lo que finalizo con la misma pregunta que comencé. ¿Quién va a pagar nuestras pensiones?
