Los incompetentes

Los incompetentes

La falta de un plan general que de seguridad jurídica urbanística a la hora de promover y comercializar vivienda nueva ha desequilibrado el mercado de vivienda en Ourense al reducir a la mínima expresión la oferta de vivienda nueva. Y precisamente por ello, y desde que hay registro del número de compraventa de viviendas, la vivienda usada acapara la práctica totalidad de las menguadas ventas y así lo constata el INE. La falta de oferta ha producido un incremento del precio de la vivienda nueva (aumento leve de momento), solamente quedan en el mercado ourensano aquellas unidades con precios elevados, con distribuciones interiores erróneamente planteadas o ubicaciones poco atractivas para el comprador.
La aprobación de un PXOM es totalmente imprescindible para garantizar el futuro económico y social de nuestra ciudad ante la creciente demanda de obra nueva y la prácticamente inexistente oferta para cubrir las necesidades de una clase media que quiere viviendas que se acoplen a sus ingresos reales.
Que un plan urbanístico pase por los tribunales para comprobar su legalidad debería ser un proceso normalizado para cualquier proyecto de desarrollo. Sin embargo, se ha llegado a convertir en un estigma por la cantidad de planes anulados por sus errores o defectos en su tramitación, o por distintas interpretaciones de la ley. Normas más claras, una tramitación más corta y una respuesta de los tribunales más ágil serían las directrices a seguir. Los problemas de planeamiento, concursos mal planteados, sobrecostes o licencias que no se ajustan a la realidad, son solo algunos ejemplos de cómo las administraciones locales han errado en la tramitación de los planes de ordenamiento urbano y Ourense ciudad ,es un buen ejemplo de ineficiencia e ineficacia . Por lo que se puede afirmar que frenan el desarrollo del suelo, perjudican al sector y al usuario final, las familias que compran una vivienda.
Una tramitación de un plan urbanístico al final dura años, muchos años, con muchas dificultades y mucha inseguridad jurídica. La legitimidad de que un tribunal compruebe la legalidad de un planeamiento urbanístico no se encuentra en la discusión sobre las mejoras que deben realizarse en la tramitación de un Plan general, pero mejorar las leyes que regulan los planes urbanísticos, para que sean cristalinas y menos ambiguas, es vital. Desde mi punto de vista, una reducción en el proceso de tramitación y una respuesta de los tribunales que no se la alargue infinitamente y se concrete en el menor tiempo posible es una alternativa. Por lo que los sistemas de planes generales tienen que reducirse en su tramitación, tienen que ser más corta y más ágil, sin que se pierdan con ello ninguna de las garantías que están previstas. Y que la respuesta de estos, a un plan general, con la envergadura que tiene, se dé en un plazo máximo de un año. Ya que la mayoría de datos que se necesitan durante la tramitación de un planeamiento urbanístico ya está en manos de la propia administración, lo que alarga sin sentido el procedimiento. Y para finalizar, que la respuesta que den los tribunales no sea de la una nulidad de pleno derecho, ya que eso implica que hay que volver a empezar desde el principio, sino simplemente lo que técnicamente se llama una anulabilidad, que permite que se convaliden determinadas partes del Plan y se subsanen las partes que han determinado la nulidad.
En definitiva,menos burocracia y más  soluciones con, normativas claras, agrupadas y agiles.