Vigo tiene no pocas grietas que tapar y sobrados motivos para alimentar quejas pero también edificios administrativos sólidos y únicos que probablemente si existieran en otras ciudades gallegas serían vistos desde la Muy Leal como privilegios inaceptables.
Me refiero a la existencia de dos consorcios públicos vigueses, uno liderado por el Estado, el otro por la Xunta. En ambos el ayuntamiento tiene voz y voto -y por tanto, la posibilidad real para influir en decisiones e inversiones millonarias- pese a su aportación reducida.
En Santiago está activo un consorcio del que forman parte Xunta y Estado, y en A Coruña otro más, dedicado a la promoción del turismo. Ambos funcionan bien, pero están lejos de tener el recorrido de los dos existentes en Vigo. El consorcio vigués de la Administración gallega ha realizado durante diez años un trabajo visible en convertir la ruina del Casco Vello en un lugar visitable. Queda mucho por hacer, pero no pasemos por alto los más de 40 millones invertidos desde su creación hace ya más de una década: ha sido un instrumento exitoso y la prueba de que la colaboración entre Xunta y Concello no sólo es posible, sino deseable desde un ente permanente que acaba de renovar por cuatro años más. Harán falta.
El otro consorcio, el del Estado, resulta quizá más llamativo por cuanto lleva 70 años, como zona franca aduanera primero y como agencia de desarrollo comarcal en los últimos 25 años, que han sido los más relevantes para el organismo público y también para la ciudad. Son hasta 50 millones al año que el Estado permite utilizar directamente en y para la ciudad.
