Escribo sin conocer el desenlace del pleno convocado por el independentista presidente del Parlamento catalán. El propio Roger Torrent (ERC) se busca esa caracterización por haber renunciado a la exigible neutralidad del cargo.
El señalado detalle me permite anticipar, con poco margen de error, que veremos en esta sesión una vuelta a las andadas. De carácter deliberante, menos mal. Se quedará en lo declamatorio. Si no, estaríamos ante un supuesto de desobediencia al Tribunal Constitucional que ya ha establecido de que el candidato a ser investido debe estar físicamente presente y, si está encarcelado, debe contar con el correspondiente permiso judicial.
Las proposiciones apoyadas por los tres grupos independentistas (JxCAT, ERC y CUP) reclaman para Puigdemont, Sánchez y Turull, después de sus respectivos intentos fallidos, el derecho a intentarlo de nuevo. Es decir, el derecho a ser candidatos a la presidencia de la Generalitat aunque estén encarcelados (uno en Alemania, dos en España).
Pero lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, como decía el torero sentencioso. No solo porque lo impida el TC y el TS. También los letrados de la Cámara dictaminaron en dos ocasiones que las investiduras "telemáticas" o por personas interpuestas no encajan en el marco legal.
Puigdemont ya había renunciado a favor de Sánchez. Y Sánchez, desde la cárcel, ya había anunciado que incluso renunciaba al acta de diputado. Lo de Turull se consumó en primera votación, pero la abstención de los "anticapitalistas" de la CUP le dejó en minoría ¿A qué viene, entonces, esta vuelta a las andadas del bloque secesionista?
Viene del doble chute de adrenalina que, en plan dosis de recuerdo, le han proporcionado la movilización callejera contra los encarcelamientos y la admisión a trámite de una queja de Jordi Sánchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los dos elementos forman parte de las previsiones en la hoja de ruta del secesionismo (Libro Blanco de la Transición Nacional, de 2014). Uno es la "internacionalizacion del conflicto". El otro, la movilización de la sociedad civil como último recurso para conseguir la independencia si falla la política.
Los dos tienen su reverso, aunque los separatistas lo callan. La movilización callejera es a ojos del juez una forma de reiteración delictiva en el enjuiciamiento de un delito básicamente colectivo. Es decir, perjudica a los trece procesados por rebelión. Y en cuanto al impacto de la tramitación de la queja, se oculta que el Comité se ha limitado a pedir a España que aporte su versión en un plazo máximo de seis meses y, mientras tanto, que garantice los derechos políticos de Sánchez, como de cualquier otro ciudadano.
O sea, las generales de la ley. Como los carteles que recuerdan al usuario de los trenes que esta prohibido cruzar las vías.
