El diputado de la amortizada CDC, Francesc Homs, declara sin anestesia que una respuesta penal al reto soberanista apadrinado por el nacionalismo catalán será el fin del Estado español. Toma nísperos, que decía el maestro Campmany. Lo dijo en vísperas de su paso por el Tribunal Supremo, ante el que responde por la presunta comisión de dos delitos, cuando era consejero de la Presidencia de la Generalitat:
Uno de desobediencia. Por ignorar la prohibición del Tribunal Constitucional respecto al "referéndum" del 9-N de 2014. Y otro de prevaricación. Por tomar decisiones a sabiendas de que eran injustas, en relación con dicha consulta.
Puede quedar inhabilitado durante 9 años para ejercer cargos públicos. Es la pena que solicita el fiscal. Pero él ha incurrido en la bufonada de erigirse en mártir de la Justicia por razones políticas. Por bien empleado lo da. Como si su sacrificio estuviera llamado a ser el último empujón en la demolición del Estado, a mayor gloria de la Cataluña grande y libre soñada por el independentismo.
Mientras especulábamos sobre la sustancia que alguien pudo añadir esa mañana al café del señor Homs, un periódico de tirada nacional informaba en su primera página de que Europa estaba dando la espalda al plan separatista de la Generalitat. Y de que su "ministro" de Exteriores, Raúl Romeva, solo había conseguido un contacto oficial durante su primer año en el cargo. Camboya, mon amour. Y punto.
El clamoroso desinterés internacional por el llamado "procès" es uno de los muchos y muy variados obstáculos del camino hacia la república independiente de Cataluña. Empezando por la propia fractura que la delirante propuesta soberanista ha producido en la sociedad. Y siguiendo por las diferencias de criterio entre sus valedores. Hasta las piedras ven que la Generalitat está sometida al gamberrismo de la CUP. Y que la sindicación de base, que responde al nombre de Junts pel si (ERC y la antigua CiU) está rota. Sus respectivos dirigentes, Oriol Junqueras y Artur Mas, ya no tienen los mismos intereses y reconocen que esa alianza no se repetirá en las próximas elecciones.
Por cierto, que el cambio de imagen en la CDC de Pujol, Mas, Puigdemont, Homs y compañía, no ha servido para enterrar los casos de financiación ilegal del partido y otras derivadas de la corrupción que no cesa en Cataluña ni en el resto de España. Más bien está sirviendo para que entre muchos ciudadanos de Cataluña esté calando la sensación de que los gobernantes nacionalistas les han estado robando durante muchos años.
Todo lo dicho contribuye a extender el cansancio de la sociedad catalana y su proverbial aversión a la inseguridad jurídica. Algo completamente lógico en una Comunidad amante del orden con el 80% de propietarios.
