El lenguaje los delata

El lenguaje los delata

No solo hay desafección constitucional en el discurso del independentismo, cuyos dirigentes sufren las consecuencias de su intolerable desafío al Estado. También la hay en el de dirigentes de la izquierda populista, como Iglesias Turrión, Ada Colau, Alberto Garzón, Dante Fachin, etc.
El lenguaje los delata porque proyecta su pensamiento político. Y cuando se rasgan las vestiduras por la supuesta politización de la Justicia española o denuncian el revanchismo del Estado contra las pretensiones separatistas, en realidad están proyectando la idea de Estado que habita en su cabeza. Ahí no cabe la independencia judicial o el dogma civil de la separación de poderes.
Denuncian lo que ellos harían si controlasen los resortes del poder. Sólo a este grupo de políticos, los que acampan extramuros del bloque constitucional, se les ha ocurrido detectar motivaciones políticas en el encarcelamiento provisional de la mayor parte de los ex consejeros del Govern, dictado por la juez Lamela de la Audiencia Nacional.
Como si la juez hubiese actuado a las ordenes del Poder Ejecutivo o como si lo hubiera hecho por quedar bien con él. Craso error. Hasta las piedras de la Moncloa saben que al Gobierno de Rajoy no le hace ningún favor que, cuando los encaminamos hacia las elecciones catalanas del 21 de diciembre, los jueces tomen decisiones que tienden a alimentar la causa independentista. Todo el mundo sabe que esa causa sobrevive en gran parte gracias al victimismo de sus dirigentes y el oxígeno que reciben al hacerse los ofendidos si se sienten contrariados por las decisiones de "Madrid".
Bien, pues los separatistas y sus costaleros del populismo de izquierdas han calificado las recientes medidas de la Audiencia Nacional (prisión provisional para el ex vicepresidente Junqueras y siete ex consejeros del Govern, con orden de detención de Puigdemont) de "represión sin precedentes", "revanchismo del Estado", "Justicia politizada", mientras hablan de "presos políticos" y ponen en duda que en España se respeten las garantías judiciales y las libertades fundamentales.
Esas quejas siempre terminan abrochadas a la misma conclusión: el problema de Cataluña es político y, por tanto, no se arregla con ese tipo de decisiones judiciales. Como si las decisiones judiciales debieran estar pensadas para arreglar problemas politicos y no para aplicar las leyes.
Discurso tramposo y tóxico donde los haya, pues sugiere que, por evitar males mayores, el Estado debería bajar los brazos ante las pretensiones secesionistas de una facción política concreta y, por supuesto, minoritaria en el arco representativo. Insisto en que el lenguaje los delata.