El acercamiento

La deuda de Pedro Sánchez con quienes le hicieron presidente, populistas y nacionalistas, ambos enemigos declarados de la Constitución y el régimen del 78, planea como una nube negra sobre el nuevo Gobierno. Pero es injusto incluir en los supuestos pagos a cuenta el acercamiento a cárceles catalanas de los dirigentes soberanistas que sufren prisión preventiva por su implicación en las tramas políticas y civiles de una presunta rebelión contra el orden constitucional. or tanto, me parece improcedente acusar al Ejecutivo de estar cediendo a presiones del soberanismo o, dicho de otro modo, de mostrar debilidad ante una exigencia de la Generalitat. Ni siquiera lo habían pedido, al considerar que el acercamiento responde a imperativos legales y humanitarios. Y así es, una vez que el juez Llarena acredita que no necesita tener cerca a los presos al estar cerrada la instrucción de la causa contra los 25 procesados por presuntos delitos de rebelión y otros.
Pero no es menos cierto que el Gobierno, responsable de la política penitenciaria, también pudo haber dejado a los presos donde estaban sin que la decisión fuese ilegal. Tan legal ha sido acercar a los presos a cárceles catalanas como dejarlos cerca de Madrid. También pudo haber entendido que, amén de acercarlos a familiares y a letrados, los estaba acercando a sus seguidores en un régimen carcelario controlado por el 'govern'.
En esas circunstancias, Moncloa pudo haber entendido que no era políticamente conveniente ese acercamiento, a sabiendas de que esos dirigentes están siendo descaradamente utilizados como presos-políticos-secuestrados-por-el-Estado-español. El Gobierno incluso pudo haber decidido dejar a los presos donde estaban, como baza en un intercambio de cromos.
No lo hizo y me parece bien que no lo hiciera, aun sabiendo que, al pasar a depender de la Generalitat (Cataluña es la única comunidad competente en materia de control y gestión de centros penitenciarios), estos presos recibirán a partir de ahora un trato deferente, diga lo que diga la consejera de Justicia, Esther Capella (ERC), negando que vayan a recibir trato de favor.
Hay una pregunta del millón pendiente de respuesta. Debe dirigirse a quienes en nombre del Estado y dentro de los vigentes marcos legales, tienen en esta Comunidad Autónoma las competencias en materia de centros penitenciarios:
¿La van a utilizar al servicio del Estado, según le legalidad vigente (Constitución Española y Estatuto de Autonomía de Cataluña), o según la legalidad furtiva creada de aquella manera los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y `ratificada` por el `pueblo catalán` el 1 de octubre del mismo año, según el consabido discurso nacionalista?
Uno se teme lo peor.