Como si quisiera anticiparse a la previsible verborrea nacionalista, que vive de los agravios, por eso los colecciona, la sentencia dice en la página 15 que a Mas, Rigau y Ortega, no se les condena por poner las urnas sino por desobedecer al Tribunal Constitucional.
Da lo mismo. El discurso victimista aprovecha la inhabilitación judicial de los organizadores del 9-N para mostrarse como virgen ofendida. Así que estos han denunciado ante España y el mundo la perversión de un Estado que les prohíbe votar.
Lo peor es que el argumento se contagia entre independentistas de buena fe. Pero es decepcionante ver con qué facilidad cala la mentira de que se les condena por poner las urnas. Es un ataque en toda regla al Estado de Derecho y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Como si multar a un conductor borracho fuera lo mismo que prohibir la libre circulación. O como pregonar la injusticia de que se condene a alguien por usar el coche ignorando que lo pillaron conduciendo en dirección contraria.
Ser nacionalista o profesar cualquier idea, por extravagante que sea, no es delito en la legislación vigente. Pero sí lo es violar la ley, incumplirla o no hacerla cumplir en el caso de un gobernante. Lo sabe y lo calla el discurso nacionalista que, erre que erre, se recuesta sobre la denuncia permanente de que se les persigue por sus ideas.
La sentencia del TSJC deja claro que no es así, pero uno tiene curiosidad por saber como argumentarán en su día -Mas y compañía piensan presentar recurso- el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Curiosidad por saber como se conjuga doctrinalmente la comisión de un delito, que es palmario en nuestro ordenamiento jurídico, con la motivación política de quienes lo cometen, que no es menos evidente. Entonces ya tendremos una doctrina oficial a la que atenernos para anudar esos dos vectores del nacionalismo: tentación sediciosa y motivación política.
A los valedores de la independencia catalana eso no les debería importar en vísperas de implantar una legislación propia. No es así. Véase como las reacciones de los condenados en la sentencia del TSJC alegan que no incumplieron la ley, que no acabaron de entender el alcance de la prohibición del Tribunal Constitucional, que en realidad aquello fue cosa de voluntarios, que no se trato de un referéndum ilegal sino de un "proceso participativo". Es decir, que no dejan de invocar la legislación española. Por librarse de la inhabilitación, ya lo sabemos, pero también vienen a demostrar que no se creen la independencia de Cataluña.
Si se la creyeran, les debería importar un bledo haber sido condenados por los servidores de un régimen jurídico que, según el sueño soberanista, está a punto de caducar. Por eso veo a Mas, Rigau y Ortega, como condenados por desconfiados.
