¿A quién protege la ley?

¿A quién protege la ley?

Existen prácticas en otros países que están prohibidas en el nuestro; por ejemplo, el cruce de datos entre distintos departamentos gubernamentales. En el nuestro, si el de Hacienda los cruza con el de Trabajo, se puede organizar una parecida a la de San Quintín entre los afectados y el Estado. Pero hay más. Claro que hay más. 
En otros países, a los que decimos, afirmamos o simplemente deseamos parecernos, un abogado no puede vestir la toga para defenderse al ser considerado reo de un delito; bien por el contrario, además de no poder vestir la toga, si es considerado culpable, la pena que por ello le ha de ser impuesta ha de ser superior a la que, por el mismo hecho, se le impondría a cualquier otro ciudadano pues se supone que el abogado debe ser, siempre, alguien ejemplar y un fiel e igualmente cumplidor de la ley que dice conocer y debe defender más que ningún otro ciudadano.
La reflexión la suscita el recuerdo de dos abogados que lo fueron no sé si de las Cortes o del Estado, José Maria Barrios y Juan José Lavilla, y ahora lo son del despacho británico Clifford Chance al tiempo que defienden la tesis, sin duda que con razón legal, de que Abertis debe cobrar los mil quinientos millones de euros resultantes el cumplimento de la cláusula que firmó en su día Magdalena Álvarez, la muy inefable ministra que fue de Fomento y otras sublimes encomiendas. Hay más en el mismo caso: Jesús Trillo-Figueroa, Jordi de Juan o MA Abogados, un despacho fundado por los ex ministros Ángel Acebes y José María Michavila que, entre otros, avalan dicha tesis. Si en el medio no estuviese la muy mal encarada ministra sería como para dar por hecho que entre pirujas anda el juego.
¡La de vueltas que puede dar la ley antes de llegar a conclusiones! Mientras los españolitos esos que venimos al mundo para que nos guarde Dios en espera de que cualquiera de las dos Españas haya de helarnos el corazón y enfriarnos el bolsillo todavía un poco más, otros no se las ven tan claras. 
Antonio Vázquez, un lugués de ochenta y cuatro años, regresó hace un año de Caracas, en donde había permanecido desde 1958, decidido a instalarse en un piso de su propiedad situado en Eirís, un barrio coruñés, según nos cuenta Brais Capelán en un espléndido reportaje. Todavía no lo consiguió. Unos okupas se habían instalado en ese piso y la Ley, tan rápida a la hora de sancionarte por no girar debidamente en una rotonda mal construida, circular brevemente por el carril izquierdo de la autopista pues por el derecho el coche resbala debido quizá a una pérdida de aceite o vete tu a saber qué, o hacerlo por sugerirle al policía local que pudiera estar equivocado en sus apreciaciones, esa misma Ley, todavía no ha solucionado el problema. 
Por si fuera poco, después de medio siglo cotizando, Antonio Vázquez no puede cobrar ni la pensión de jubilación venezolana ni la española por no se sabe bien qué causas que lo condicionan. Después de cincuenta años de trabajos y destierro no puede habitar en el piso comprado con el resultado de su esfuerzo porque unos okupas decidieron ocuparlo y ni ofreciéndoles dinero están dispuestos a abandonarlo por las buenas. La Ley en cambio los protege.
La pregunta terrible, viendo este estado de cosas, es la de que a quién protege la ley, por qué lo protege y para qué lo hace. Pero, si así lo prefieren, planteémonos lo contrario; es decir, a quien no defiende la ley, por qué no lo defiende y para qué no lo defiende. ¿A qué se nos está induciendo? ¿Qué estado de cosas es el perseguido? El puritanismo exacerbado en el que estamos cayendo, la muy puñetera corrección política que nos invade, ese desparpajo con el que algunos políticos, empeñados en defender unas tesis y las contrarias, según vengan el color del día o la dirección del viento, se muestran ante los ojos de los electores en toda su desnudez mientras a estos ya empieza a parecerles que todo es una mierda y que dan igual unos que otros de forma que, todo eso conjuntado, augura unos años que el conjunto de la ciudadanía no se merece en absoluto.
El otro día, una señora que si no es de mi pueblo al menos es oriunda de él y que además de haber sido diputada también fue Secretaria de Estado de no sé qué y para no sé qué, realizó un soberbio comentario a propósito del debate visto en un canal de televisión en el que intervinieron tres personas partidarias, cada una de ellas, de uno de los tres miembros del partido socialista que se ofrecen candidatos para las elecciones primarias de su formación política próximas a ser celebradas.
Mi paisana, partidaria al parecer de la sultana andaluza, resumió las intervenciones políticas de los dos intervinientes que no comparten sus preferencias del siguiente o similar modo: ¡Pero mira que sois feos con ganas! dijo. Y eso fue todo. Buen análisis político y mejor resumen de un debate que, por fin, interesó a más de uno.
En tiempos fue legal, en mayor medida que legítimo, que quienes se hubiesen formado como pilotos en las Fuerzas Aéreas Españolas, con el gasto público consiguiente, las abandonasen en cualquier momento para pasar a ser pilotos de Iberia con unos sueldos espectaculares. Quizá de situaciones similares deriven otras como la de que los antiguos abogados del Estado puedan argumentar ahora en contra de los intereses generales de éste, al que deben su prestigio; también a su propio esfuerzo, claro. O como la que se deriva de que, gracias a una mala administración del dinero del Estado, quienes han sido eficientemente formados como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, científicos o creadores culturales hayan tenido que hacer uso de ese eufemismo condensado en la expresión “movilidad exterior” para incrementar más la posibilidad de bancarrota que nos puede amenazar a todos.
La Ley, su imperio, no está siendo igual para todos. Su aplicación empieza a ofrecerse cada vez más aleatoria protegiendo a unos y desfavoreciendo a otros, beneficiando a unos y penalizando a otros en el sentido más inesperado de todos los posibles. De momento la cosa se mantiene estable, pero que nadie se dé por sorprendido si, llegado un punto, la gente empieza a mostrarse demasiado inquieta. El desvalimiento que señalaba Brais Capelán en su reportaje, mientras afecte a unos cuantos Antonios Vázquez, no derivará en nada y acciones como la de la entonces ministra Álvarez, podrán pasar sin mayor pena ni gloria alguna pero, en cuanto trasciendan unas cuantas más de las ya muchas habidas, podrán inducir cierta inquietud entre los que nos limitamos a votar cada cuatro años. Quizá sea definitivamente llegado el tiempo de empezar a reformar las cosas. Y las leyes.