Pero, ¿de quién es el Estado?

Pero, ¿de quién es el Estado?

Magdalena Álvarez tiene fans y tiene de lo otro; yo soy de lo otro, de eso mismo que algunos dicen que no tiene nombre. Empezaré diciendo que nunca me sedujo, ni mucho menos, su cara de estreñida… de estreñida intelectual, pues el otro y escatológico aspecto de la condición no me consta en absoluto.
Estoy refiriéndome a aquella ministra del gobierno de España que, aludiendo ya no recuerdo bien si a Galicia o si a nosotros los gallegos, empezó diciendo algo así como “el plan Galicia de mierda” quizá confirmando su tendencia a ese estreñimiento, quizá a cierta y oculta cropofilia intelectual, vayan ustedes a saber. El caso es que, días atrás, la tal y estreñida dama ha vuelto a salir en los papeles. Recuérdenla; mejor dicho, recordémosla. 
Es la misma que fue consejera de la Junta de Andalucía, durante demasiados años. La misma a la que le fue impuesta, perdón si no lo estoy recordando con exactitud, una fianza civil de veintinueve millones y medio de euros –algo próximo a los cinco mil millones de pesetas- una vez que fue acusada de haber implantado un sistema ilegal para el pago de los ERE en los que ahora andan envueltos otros dos ex presidentes de la Junta, a saber los señores Chaves y Griñán. La misma que fue reprobada como ministra por el Senado y no lo fue por el Congreso de los Diputados por una diferencia de tres votos y la actitud de unos tránsfugas que al parecer se prestaron a ello. La misma que dijo estar harta del Plan Galicia de mierda, cuando este surgió como paliativo y compensación de aquella enorme desgracia que significó el naufragio del Prestige. La misma, en definitiva, que como pago a los servicios prestados una vez finalizada su actividad como ministra de Fomento fue elevada a los altares de la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Esta acrisolada dama ha vuelto a salir en los periódicos, esta vez, debido a una negligencia que le costará al Estado, es decir, también a nosotros los habitantes de este país objeto de una mierda de planes, nada menos que mil quinientos millones de euros, ¡ele tu grasia! Al parecer el consejo de Estado advirtió el 30 de marzo de 2006 que el convenio que se iba a firmar con Acesa, una filial de otra empresa llamada Abertis, incluía una curiosa cláusula de compensación cuyo contenido hacía desaparecer todo tipo de riesgo para la empresa concesionaria; dicho de otra forma: si el tráfico por la autopista AP-7 no estaba a la altura de lo esperado sería el Estado quien asumiese la pérdida. En gallego decimos “seica” o decimos “disque” cuando queremos decir que algo no suena bien del todo o puede no ser tan cierto como debiera ser o parecer, así que digamos que seica no era ilegal, la tal clausulilla, pero si algo sospechosa. 
Es algo equivalente a como si, a un señor que cotizó durante treinta y cinco años la cuota máxima de la Seguridad Social y los ocho siguientes la cuota mínima, hasta completar los cuarenta y tres, una vez llegada la edad de jubilación, le liquidan su pensión mensual en razón de los últimos ocho años, cotizados al mínimo por haber perdido su anterior condición laboral, olvidándose de la parte proporcional correspondiente a esos treinta y cinco años de máxima cotización que no le sirvieron absolutamente para nada. El Estado, seica, puede hacer lo que le dé la gana pues, hecho por el Estado, es legal; incluso si firma cláusulas como la suscrita por la acrisolada dama y señora Álvarez. 
El Estado puede hacer lo que le dé la gana pues, en vez de ser un instrumento del que la ciudadanía se dota para que le sirva, se convierte, por arte de birlibirloque y de los funcionarios del Estado –los mismos que en otros países se llaman servidores públicos, obsérvese la diferencia- en un instrumento que se sirve de los ciudadanos para engordar a unos cuantos privilegiados del sistema. Esos mil quinientos millones de pesetas igual tenemos que acabar pagándolos entre todos. Un chistecito de la señora ministra, estreñida a tantos efectos y sin embargo dueña de una diarrea presupuestaria que, quizá como consecuencia de tanto hartazgo de mierda del Plan Galicia, acabó cagándola en nombre de nosotros todos. Si uno repasa la lista de abogados del Estado que suscriben este estado de cosas, tiene peligro de sufrir vergüenza ajena al comprobar las empresas para las que trabajan o han trabajado estos señores una vez abandonados sus puestos de funcionarios al servicio de esa maquinaria, de ese instrumento del que hablábamos.
Como ya soy mayor igual lo recuerdo mal y estoy equivocado de modo que pueda costarme un riñón y la yema del otro pero, si lo recuerdo bien, cuando estuve en el machito era legal excederse en la ejecución de los presupuestos hasta un veinte por ciento del total asignado a cada departamento del gobierno. Pongamos por ejemplo que, la Consellería de Cultura, Xuventude e Deportes, dispusiese de un presupuesto anual de diez mil millones de pesetas de los de finales de los años ochenta; pues bien, podría dejar de forma autorizada por la ley un déficit de dos mil millones anuales; es decir que, al cabo de una legislatura la consellería podría tener acumulada una deuda de ocho mil millones de pesetas sin que pasase nada y sin que, al cesar en el cargo el tal conselleiro, si este dejase excedido el presupuesto en tan solo unos ridículos siete millones de pesetas no pudiese ser considerado un desastre de político, un mal gestor y aquí no pasó nada. ¿Le estará consentido tal despilfarro a un empresario privado?
Lo curioso es ese afán que lleva, a demasiada gente, a afirmar que aquí no es necesario reformar nada y a defender el estado de cosas actual. No deja de tener gracia que el mismo jefe de gobierno que se quedó sentado al paso de la bandera de los EEUU durante un desfile celebrado en Madrid, haya sido el mismo tonto que firmó el siete de abril de 1972 el Real Decreto que avalaba lo suscrito por su inefable ministra; el mismo que ahora avala a otra andaluza y todavía más sultana –“sultana Díaz”- para que determinado estado de cosas se mantenga.
¿De quién es el Estado, de quién su aparato, de todos o de unos pocos que nos reclaman el voto cada cuatro años para hacer lo que a ellos les dé la gana durante otros cuatro gracias a eso que ellos llaman la democracia parlamentaria y que no es más que la posibilidad de que las cúpulas de unos partidos se valgan de los parlamentarios que consigan para repartirse el pastel del modo que entiendan más acorde no tanto con los intereses generales como con los propios y particulares de ellos y de sus partidos? Acabarán erigiéndole una estatua a la tal Magdalena Álvarez. Es de esperar que acompañada de ese “caganet” que ilustra los belenes catalanes. Besándole la punta de los dedos de sus pies.