Opinión

Religión y sanidad

Por pura causalidad hemos sabido que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) tiene en nómina a cuatro monjas en un hospital de Lugo ejerciendo de auxiliares de enfermería de modo absolutamente irregular, ya que no han concurrido a ninguna oposición de idoneidad o méritos y, además, esos puestos no son nominativos sino que es el Obispado lucense quien las nombra según su milagroso criterio sanitario. La irregularidad está viva desde 1990 gracias a un viejo convenio mediante el cual las Terciarias Franciscanas incluso han utilizado una planta del Hospital Xeral de Calde como vivienda. Es parte de esa herencia recibida del pasado de la que no se habla y se procura preservar de las malignas ideas de los no creyentes.
Admiro a las abnegadas religiosas capaces de entregar sus vidas por los demás a cambio nada, pero hay reglas que las administraciones no deben saltarse. Estas cuatro hermanas no lo son de la caridad y representan una gota en la multitud de fórmulas empleadas para financiar a la Iglesia católica desde la permisividad, la desigualdad, la complicidad y el consentimiento de los poderes públicos. 
En la misma situación, figuran en nómina del Sergas cuarenta y un capellanes, que le suponen a las arcas de la Xunta más de medio millón de euros anuales. Y, además, no se les exige ni dedicación exclusiva, ni horario fijo. A esos doce mil y pico de euros anuales que les corresponden supongo que suman el sueldo oficial, proveniente de las aportaciones del Estado, por atender sus parroquias. Si, en lugar de estar bajo el paraguas del arzobispado, como trabajadores estuvieran afiliados a un sindicato o a un partido político el escándalo sería mayúsculo. Especialmente si tenemos en cuenta que de cada 100 jubilaciones de sanitarios, con el pretexto de la crisis, en Galicia sólo se cubren 10 puestos, mientras los de capellanes resultan intocables.
España, ya lo sabemos, es un país mayoritariamente católico y un alto porcentaje de los pacientes del Sergas agradecen la visita y el consuelo de esos sacerdotes. Sin embargo la generalidad calibra menos necesarios sus servicios y salarios que las camas o plantas clausuradas, el escatimado de medicamentos, los quirófanos cerrados o la reducción de médicos y enfermeras por mor de los recortes presupuestarios. En estas circunstancias, la comparación entre servicio religioso y servicio sanitario en los hospitales públicos resulta doblemente dolorosa. Pone de manifiesto la doble moral de quienes nos gobiernan y el proverbial egoísmo de los dirigentes católicos. No es una imagen positiva ni para el Sergas ni para la Iglesia. Es una evidente realidad.

Te puede interesar