El que el Gobierno, con una obstinación inexplicable, continúe llamando ‘desaceleración’ a la tan evidente como cada día más preocupante situación de grave crisis de la economía española en nada reduce la magnitud del problema. Buena prueba de ello, y para añadir a los cierres de inmobiliarias, a las sucesivas suspensiones de pagos de constructoras, a la caída en picado de las ventas de pisos y de coches y a las restricciones crediticias, buena prueba de que soplan malos vientos, decíamos, está en esa petición que las entidades financieras están haciendo al Gobierno para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en el mercado de renta fija privada con el objetivo de que las entidades financieras españolas obtengan mayores garantías de liquidez. Algo a lo que previsiblemente se opondría la Unión Europea y algo ya rechazado por sindicatos y Partido Popular porque se pondría en riesgo el ahorro destinado al pago de las futuras pensiones de los ciudadanos.
Lo que silencian estas mismas entidades financieras, a las que sería injusto sin duda demandarles la asunción de riesgos más allá de lo razonable, es que con crisis o sin crisis ellas han cerrado el primer trimestre del año con unos beneficios que van desde el 19 por ciento de los tres principales bancos del país a cerca del 25 por ciento y más de otras entidades, con la particularidad de que esos tres grandes bancos han superado con holgura las previsiones del mercado.
Así las cosas parecería razonable esperar que las entidades financieras de España contribuyeran a facilitar la salida de la crisis en lugar de complicarla todavía más, como acaba de denunciar, por ejemplo, la patronal española, que se queja del endurecimiento de las condiciones para acceder a los créditos cuando se anuncian grandes beneficios como los reseñados.
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