Eso sí, con treinta años de retraso, las organizaciones profesionales de los medios de comunicación privados, desde las así denominadas televisiones hasta las digitales, autonómicas y locales, al igual que las empresas de radiodifusión, pasando por las de editores de diarios y la asociación de revistas de información, han decidido finalmente plantear al Gobierno la urgente necesidad de que adopte las medidas oportunas para que sea posible la libre competencia en el mercado publicitario. La demanda para que se modifique el actual marco legislativo de cara a que tanto las televisiones como radios públicas, autonómicas y municipales ‘inicien un progresivo plan de reducción de publicidad, hasta su total desaparición, adoptando el modelo que impera en Radio Nacional de España y que es común en la Unión Europea’, tiene, en efecto, sólidos argumentos. De todos ellos, el punto de partida vendría marcado tanto por la falsedad del discurso y la función real de los medios públicos (nada más alejado de ello que la propia RTVE, financiada directamente con los impuestos de todos los españoles e indirectamente con los hábitos de consumo de los mismos ciudadanos para hacer de caja de resonancia de los gobiernos de turno) como por la captación de un cada vez más próximo casi 20 por ciento del mercado publicitario de prensa, radio y televisión. Dicho con otras palabras, los medios de titularidad pública españoles, los tan generosamente primados en los Presupuestos Generales del Estado año tras año, se llevan nada menos que 1.200 millones de euros anuales de las empresas de comunicación privadas.
Lo que no se hace público, para que los contribuyentes puedan tener una más objetiva perspectiva, es que esta propuesta ahora formulada no tiene nada que ver con la súbita caída de la venda que impedía a tan notable organización la contemplación de la realidad y sí más bien tiene relación con la proximidad del fin de la televisión analógica (prevista para el año 2010), con lo que se multiplicará la oferta de radio y televisión en una situación de precarización económica y reducción del mercado publicitario. Lo que pasa también es que buena parte de los que ahora reclaman se han venido prestando a la defensa exclusiva de sus propios intereses en amparo de una ‘privacidad’ concedida por los Gobiernos amigos a los que no convenía molestar más allá de lo aparente. Con todo, es evidente que la propuesta presenta aspectos positivos, por tarde que lleguen, como la reversión en el mercado de la publicidad que no sea contratada por los medios públicos, la continuidad de buen número de periódicos y emisoras de radio privadas que podrían verse en trance de desaparición, la adaptación de las tarifas a la realidad del mercado... y el cumplimiento del servicio público que tienen como origen y razón de ser los medios públicos precisamente. Llegados a este punto cabe preguntarse qué pasa con las mil millonarias cantidades evaporadas en el éter, quiénes se apuntan la correspondiente responsabilidad y por qué no se coloca la bandera de la libertad en su correspondiente mástil: que las concesiones de la televisión privada sean resultado de concurso público y no del dedo del poder. Del que sea.
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