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El Gobierno considera que algunos artículos de la ley de cajas aprobada recientemente por el Parlamento gallego invaden las competencias del Estado o de organismos como el Banco de España e incumplen con lo establecido en la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).

Exterior de la sede del Tribunal Constitucional. (Foto: Archivo)

Así se recoge en el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó hoy en el Tribunal Constitucional, en el que denuncia como ‘inconstitucionales’ diez apartados de la norma gallega.

Entre éstos destaca el que exige la autorización de la consellería que proceda para adoptar medidas estatales cuando los recursos propios de una caja sean insuficientes para garantizar la solvencia de ésta.

Sobre ello, el Ejecutivo argumenta en el recurso que la norma gallega resulta ‘incompatible’ con las funciones atribuidas a los órganos y autoridades estatales competentes para la salvaguarda del sistema financiero, lo que da lugar a la ‘invasión de una competencia que ha de resultar clara y terminantemente atribuida al Estado’.

‘La competencia para adoptar las medidas a las que alude la norma gallega es estatal, y sin embargo, ‘las somete sin más, nada menos que a autorización autonómica’, rebate el Ejecutivo.

Además, otro artículo de la norma otorga al Gobierno gallego potestad para designar directamente a una cuarta parte de las entidades representativas en las diferentes Asambleas de las cajas, un aspecto sobre el que el Ejecutivo añade que existe ‘ausencia plena de reparto verdaderamente proporcional’ en los términos previstos en la legislación.

Otros artículos que se extralimitan en la competencia de la Comunidad Autónoma, según el Ejecutivo, atañen a la representación de corporaciones municipales, entidades de interés general, sindicatos e impositores en el Consejo de Administración de la caja.

Así, tal y como se establece en la reciente norma gallega, éstos sectores sólo pueden tener un representante, mientras que la Xunta puede tener más de uno.