Lunes 15 de marzo de 2010
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Los representantes legales de los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa están estudiando reclamar ahora a la Audiencia Nacional que condene al Estado como responsable civil subsidiario por no controlar a las filatélicas dentro de los procesos penales que tramitan los jueces Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Las acusaciones particulares consideran que existen suficientes pruebas documentales que demuestran la negligencia del Estado por pasividad y acusan a la Audiencia Nacional de obviarlas en la sentencia dictada el pasado viernes por la Sala de lo Contenciso-Administrativo que desestimó la responsabilidad patrimonial del Estado.
En este sentido, los abogados solicitarán a la Audiencia Nacional que incorpore a los procesos penales los cuatro dictámenes jurídicos sobre la actividad de las filatélicas que intercambiaron entre enero y febrero de 2002 el Banco de España, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Estos informes demuestran que los principales organismos económicos del Estado conocían en 2002 que Fórum y Afinsa llevaban cerca de 20 años realizando actividades de captación de ahorro sin regulación ni control de los organismos públicos.
Los documentos están incorporados al proceso contencioso-administrativo, pero no han sido remitidos al proceso penal. El Ministerio de Justicia zanjó las discrepancias con un quinto informe jurídico que concluyó que las empresas ‘captaban ahorro del público’ pero estaban sometidas a las leyes de Consumo y que derivó en la aprobación de la Disposición Adicional Cuarta de la LIIC.
Los expertos legales destacaron la dificultad que presenta esta vía para reclamar las indemnizaciones al Estado, ya que la responsabilidad legal de la Administración está ligada a la condena de un funcionario público por su mala actuación.
‘La Audiencia Nacional ha dictaminado que la actividad de las filatélicas era mercantil, sin embargo, ordenó intervenir las empresas por estar actuando como entidades financieras’, destacaron los abogados.
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