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Tan sólo 40 personas viven actualmente en el Barrio do Cura, según los cálculos que realiza la Inmobiliaria Karpin, propietaria del entorno, lo que facilitará la operación de derribo que debería iniciarse en marzo como muy tarde.

La empresa espera contar con todos los permisos municipales y de la Xunta para entonces, incluyendo la evaluación ambiental obligatoria de la urbanización que dejó el anterior Gobierno gallego como herencia.

El Barrio do Cura, tal y como es hoy desde el Paseo del Alfonso al Berbés visto desde lo alto. Lo primero que se demolerá será el antiguo asilo, hoy una auténtica ruina.

Según la Inmobiliaria Karpin, de las 40 personas que en la actualidad viven en el Barrio do Cura tan sólo la mitad son propietarios, en tanto que el resto sin inquilinos que aguantan en las viviendas que a partir de marzo del próximo año tendrían que comenzar a caer bajo la piqueta para iniciar el mayor proceso de transformación del centro urbano. El actual Barrio do Cura, un conjunto de casas y callejuelas delimitadas entre el Paseo de Alfonso, Santa Marta y O Berbés, dará paso a una urbanización moderna y racional que permitirá, entre otras cosas, dar salida a Torrecedeira y construir unas 420 viviendas, la mayoría de nivel medio-alto o alto, aunque el 29 por ciento serán de protección autonómica, con un máximo de ocho plantas. El ámbito cuenta con 23.564 metros cuadrados, de los 12.000 serán comerciales. Tras muchos años de negociaciones y parones, finalmente hace unos meses hubo un acuerdo entre la empresa de los ex célticos Karpin y Michel con los bancos Santander y BBVA para financiar la operación con unos 130 millones de euros.

Según explicó un portavoz de la inmobiliaria, se están realizando todos los trámites para poder disponer de los permisos para el derribo en el primer tri mestre del próximo año. La firma decidió posponer la presentación anunciada para este mes para evitar frustraciones. ’Hasta que no tengamos todos los documentos resueltos es mejor esperar’, señalaron a este diario. Entre los papeles que restan se encuentran el visto bueno de la Xunta, que debe validar la evaluación ambiental de la urbanización, una exigencia de la anterior Administración para las grandes ordenaciones que complica todavía más el desarrollo urbanístico.