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La Asociación Familiar Viguesa solicitará una entrevista al nuevo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para conocer su postura sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y confían en que cumpla su programa electoral, que se mostraba contrario a los contenidos de esta materia y defendía la libertad de los padres.

Ricardo Cuenca, presidente de la asociación, con Jesús Lorenzo ante una montaña de casos de objetores. Foto: Marta Brea

Del Gobierno de Feijóo esperan que derogue los decretos autonómicos y que pueda abrirse un diálogo sobre la posibilidad de que los alumnos que se declararon objetores puedan realizar trabajos sustitutorios para superar la asignatura, un cambio de actitud frente a los padres de alumnos objetores puesto que según dicen ‘en el anterior Gobierno se instauró el miedo’, entre otras cuestiones. El vicepresidente de la asociación, Jesús Lorenzo, considera que si un juez aragonés acaba de dar la razón a unos padres, enfrentándose a la doctrina del Supremo, ‘significa que la Administración tiene un campo donde trabajar’. Jesús Lorenzo es uno de los contados abogados que llevan los pleitos de los objetores en Galicia. En su caso tiene sobre la mesa medio centenar de casos y está en la fase de formalizar las defensas. Hasta la fecha llegaron apenas cuatro casos al Supremo, de Andalucía, donde el Tribunal Superior había dado la razón a los padres, y de Asturias, donde los recursos fueron parcialmente ganados por el Gobierno. El Supremo, con una cuarta parte de los magistrados en contra, había dicho que la asignatura no adoctrinaba pero que era delicada, aunque otros magistrados dijeron que estaba ‘claro como el arco iris’ que los padres tenían razón. Fueron los pleitos iniciales, en los que se analizó la norma pura, pero aún no había datos sobre los manuales, el comportamiento de las autonomías, los profesores y otros asuntos.


400 objetores en el área viguesa

En la comarca viguesa hay del orden de 400 objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aunque la Asociación Familiar Viguesa considera que son muchos más. En Galicia el anterior Gobierno autonómico empezó contestando las objeciones, pero luego suspendió este proceso y suponen que fue para que llegasen menos reclamaciones a los tribunales. Esta actitud hizo que haya muchos objetores a los que nadie les dijo que no a sus planteamientos para no recibir la asignatura. Por otro lado, las primeras sentencias del Tribunal Superior de Galicia sobre Educación para la Ciudadanía podrían salir antes del verano, aunque se refieren también a los casos iniciales en los que se discutía la norma en sentido estricto pero aún no se contaba con los datos que vinieron después relacionados con los libros de texto o la forma de actuar de la Administración, que son los que presentará la Asociación Viguesa.