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La subdelegación del Gobierno y la Inspección de Trabajo realizaron ayer una rueda de prensa para hacer balance de las intervenciones en materia de extranjería llevadas a cabo el año pasado. Y de los datos se desprende que el 90% de las expulsiones fueron a mujeres intervenidas en clubs de alterne.

Un total de 332 resoluciones dictadas en la provincia para expulsar a extranjeros que se encontraban en situación irregular. Es el balance del año pasado que ayer, Delfín Fernández, subdelegado del Gobierno, y José María Casas de Ron, jefe de la Inspección de Trabajo provincial, dieron a conocer a los medios de comunicación.
Pero lo más curioso de los datos ofrecidos es que cerca del 90% de las personas expulsadas se refiere a mujeres localizadas en intervenciones hechas en clubs de alterne y que estaban trabajando de forma irregular en esos establecimientos. Así, de las 332 expulsiones realizadas el año pasado, la mayor parte de ellas son relativas a personas procedentes de Sudamérica, siendo de Brasil el mayor número de personas devueltas (101). Le sigue Bolivia (43) y Paraguay (26).
Así, y en el marco de las operaciones de inspección conjunta llevadas a cabo por Trabajo y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, durante 2008 se efectuaron 15 visitas a locales de alterne siendo sancionados doce de ellos por contar con trabajadores en situación irregular ,en total se ejecutaron 22 intervenciones a establecimientos, mientras que la multa a los clubes de alterne fue por valor de 903.250 euros. En este sentido, es destacable el hecho de que el 60% de las intervenciones realizadas a locales de alterne corresponden al área de Vigo.
Pero la situación no se queda ahí y este año es similar puesto que en el primer trimestre de 2009 ya se han dictado 72 resoluciones de expulsión al respecto. Además, el subdelegado del Gobierno apuntó que ya se ha multado a nueve empresas por tener trabajadores extranjeros en situación irregular, por más de 536.000 euros, y recordó que, aunque la sanción mínima en estos casos es de 6.000 euros por cada empleado ilegal, muchos negocios reinciden.