Como un jarro de agua fría ha sentado entre los centros concertados y en especial entre los que no son mixtos los requisitos aprobados por la Xunta para la concesión de subvenciones el próximo curso y que muchos de ellos podrían perder. La Xunta se defiende diciendo que no ha hecho más que aplicar la LOE, pero los centros dicen que fue más allá.

El colegio Aloya, sólo para chicas, es uno de los afectados por las nuevas condiciones de la Xunta.
Las asociaciones de padres de los colegios vigueses Las Acacias y Montecastelo, junto con los otros centros de Fomento en Galicia (Montespiño y Peñarredonda), consideraron ayer como un ’ataque discriminatorio a la libertad en Galicia’ la orden de la Consellería de Educación sobre las nuevas condiciones para los conciertos educativos para el próximo curso.
Estos colegios, en los que existe una educación diferenciada (no son mixtos), temen que se deje sin el derecho constitucional a la elección de centro educativo a sus más de dos mil alumnos. Asimismo, explican que la educación diferenciada es un modelo jurídicamente legítimo, como reconocen los tratados internaciones, la Constitución y los tribunales, y que está siendo promovido en países como Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Australia, Canadá o Estados Unidos por movimientos feministas, partidos conservadores, liberales, socialistas y comunistas. Además, ven contradictorio que se planteen retirarles el concierto y sin embargo les dejen funcionar como centros privados.
Mientras, María Martínez, la jefa de estudios del colegio Aloya, que es el otro centro vigués de educación diferenciada (tiene 250 alumnas), lamentó la forma de actuar de la Xunta de Galicia porque no les convocaron para una cuestión tan grave y porque tratan de intervenir en la opción pedagógica de los centros. En su opinión, la medida que estudiarán en profundidad estos días atenta contra la libre elección de centro.
Por otro lado, desde la Consellería de Educación se señala que la principal novedad de esta orden es que está adaptada a la LOE y que se habla de no discriminación por razón de sexo y de dar prioridad a los centros que desarrollen el principio de coeducación y favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres. La existencia de centros que no son mixtos había motivado hace unos meses una denuncia de la CIG en Galicia.
Las nuevas condiciones, que según la Consellería son consecuencia de la LOE, figuran tanto en la orden para aplicar el régimen de conciertos el próximo curso como en el decreto que regula la admisión de alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos. Las consecuencias no son sólo para los centros de Foemnto sino para toda la concertada.
Las patronales piden negociar porque ven peligrar el futuro de muchos centros en Galicia
El presidente de la Federación de Centros de Educación y Gestión, Francisco Martínez Reboiras, que representa a 123 colegios concertados en Galicia intentará negociar una solución con la Consellería y plantea en último extremo la posibilidad de impugnar unas normas que considera ’profundamente restrictivas de cara a la concertación’ y que, según advierte, afecta a toda la enseñanza concertada (algunos centros pueden perder las subvenciones), no sólo a los centros de educación diferenciada. Reboiras explica que los nuevos requisitos no están establecidos en ninguna norma y que impiden superar el número de unidades concertadas en todos los niveles educativos tras la entrada en vigor de la LOE, aunque exista demanda para crearlos. Por otro lado, ve inadmisible que si existen plazas vacantes en la pública no pueden aumentar en la concertada o que se pidan datos ’innecesarios’ como el domicilio de los alumnos y cuántos alumnos y alumnas hay en cada clase.
Esta patronal considera que se elimina la libertad de elección de centro y cuestiona la garantía de la renovación de los conciertos que había establecido el Supremo al poner nuevas condiciones.
En cuanto a los centros que no son mixtos, que no pertenecen a esta patronal, coincide en que tiene derecho a este sistema y que se aplica en países que se consideran progresistas.
Por último, afirma que los centros concertados no causan problemas por incumplimiento de la normativa y que no ven motivo para poner cortapisas y restricciones innecesarias. A su juicio, es obligatorio garantizar el derecho de los padres a elegir centro.
A pesar de estas críticas, Reboiras sostiene que intentarán el diálogo con la Consellería sin buscar el enfrentamiento y que si en último extremo tienen que acudir a los tibunales lo harán.
Las patronales de la educación concertada representan a 260 centros en Galicia.
La CECE señala que afecta a los concertados y en especial a FP
La Confederación Española de Centros de Enseñanza considera que la orden es reflejo de la política educativa de la Xunta en los últimos cuatro años de ’ignorar a los centros concertados y no dotarlos de los recursos necesarios’.
El portavoz de esta patronal, José Manuel Álvarez, asegura que es un ataque real y directo a la enseñanza concertada, sobre todo a los centros de Formación Profesional y de educación diferenciada, y que afecta al derecho de los padres a elegir centro educativo. Según señala, son los padres los que eligen la educación que quieren para sus hijos y el Estado no debe intervenir en esto.
La CECE no contempla un escenario de retirada de conciertos, porque consideran que la ley garantiza su continuidad y recuerda que existen desde 1982 cuando fueron concedidos por el Gobierno de Felipe González. En su caso también podrían ir al juzgado.
A su vez defiende el modelo pedagógico de los centros no mixtos, porque hombres y mujeres son diferentes psicológica y biológicamente y tienen un ritmo de aprendizaje distinto. Un dato curioso es que en estos centros hay más chicas que eligen ciencias.