¿Dónde estoy?  > Vigo

El PP se tomó revancha por las críticas de Caballero a su actuación en Finca do Conde. El viceportavoz popular, Chema Figueroa, reclamó responsabilidades a los alcaldes del PSOE. La licencia fue concedida en marzo de 2001, durante los últimos meses del ’reinado’ de Manuel Soto.

El edificio cuenta con unos 200 propietarios, que no pueden vender sus pisos.

Chema Figueroa aprovechó la celebración ayer del Consello de la Gerencia de Urbanismo para reclamar al alcalde que exija responsabilidades al gobierno socialista que concedió la licencia del edificio de Castrelos en 1991 y que el regidor tenga ’el mismo trato cuando las sentencias afectan a gobiernos de otro color político’.

Además, durante la reunión de la Gerencia de Urbanismo, Figueroa pidió información sobre la sentencias para conocer su alcance jurídico, el estado en el que está la tramitación del expediente o la decisión final del Ayuntamiento sobre su demolición. En su opinión, el alcalde tiene una doble vara de medir, ’y pide unas responsabilidades políticas distintas según el gobierno anterior sea del PSOE o del PP’.

Chema Figueroa, por otra parte, considera ’muy difícil’ que se pueda encontrar una solución para legalizar la Colina de Castrelos ’porque en definitiva, estamos ante un problema de estética, y ahí no hay mucho que se pueda hacer urbanísticamente’. Figueroa defendió la instalación de un muro vegetal para intentar adaptar la urbanización al entorno, ’pero en definitiva, será la justicia la que tendrá que dar su visto bueno, y eso no depende del PGOM’.

El vice portavoz del Partido Popular y ex responsable de Urbanismo reconoce que la protección de entornos históricos, como el pazo de Castrelos, es muy elevada, lo que complica la legalizacion.

Por su parte, el grupo de vecinos de Castrelos que inició las acciones contra la Colina de Castrelos se ratificó ayer en su decisión de continuar adelante con sus acciones. Ricardo Moreira, portavoz habitual del grupo, recordó que han pasado más de 15 años con recursos y ahora ’no vamos a dar marcha atrás’. Según las estimaciones, para el Concello, una condena a la demolición completa supondría un gasto de unos 40 millones de euros en indemnizaciones a los compradores de buena fe. Entre los actuales propietarios, que se ven incapaces de vender sus pisos, curiosamente se encuentra el secretario del Concello.