El Concello acatará la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ratificada por el Supremo, que obliga a poner en marcha un proyecto antes de un mes para la demolición total o parcial de la urbanización ilegal de la colina de Castrelos, y sus servicios jurídicos estudian ahora cómo ejecutar dicha resolución, según explicó en rueda de prensa Abel Caballero.

La Colina de Castrelos, pese a haber cambiado notablemente el paisaje de la zona, todavía destaca entre los edificios próximos por su volumen. foto: die orellana
El alcalde aseguró que en ningún caso tomará una decisión política para ‘salvar’ el edificio y que se atendrá a lo que dicten los técnicos, aunque esto suponga demoler el edificio. Caballero explicó que el tribunal obliga a redactar, en un plazo de un mes, un proyecto de demolición o bien de modificación externa para que el edificio ‘se adapte al entorno en el que está situado’. A ese respecto, recordó que el anterior gobierno municipal remitió a la Xunta y al TSXG un proyecto para construir un muro vegetal que ocultase el inmueble, que ‘aún no tuvo respuesta’. Caballero insistió en que ‘no se adoptará una decisión política’ con respecto al futuro de este inmueble y que, aunque ‘las sentencias están para acatarlas’, esperará al informe de los técnicos y juristas del Ayuntamiento para tomar medidas. En todo caso, advirtió de que, si hubiera que demoler la urbanización, el coste de las indemnizaciones ascendería a unos 40 millones de euros, lo que supondría que las arcas municipales ‘entrarían en quiebra’. Con respecto a la posibilidad de que el nuevo Plan General (PGOM), que entrará en vigor el próximo 25 de agosto, pueda legalizar esta actuación (iniciada en tiempos de Manuel Soto como regidor, a quien sin embargo no nombró), el alcalde recordó que, una vez que el Plan entre en vigor deben ser los afectados los que se presenten la documentación necesaria y ‘los jueces decidirán’.
Por su parte, la comunidad de propietarios está dispuesta a continuar adelante por la vía judicial, aunque ésta parece casi agotada tras la última resolución. La alternativa pasará con seguridad por una apelación al nuevo Plan de Urbanismo, que ya incluye la ordenación actual del entorno de Castrelos, muy distinta de la que existía en 1990, cuando se dio la licencia: ahora hay varias urbanizaciones, entre ellas Finca do Conde. Con todo, continúa resultando muy difícil su legalización al tratarse de un criterio estético.
La propuesta desde 2006: un muro vegetal ante el edificio
En la última resolución judicial, el Tribunal Supremo desestima un recurso de casación interpuesto por la comunidad de propitarios y ratifica la sentencia inicial, en la que, en su exposición de antecedentes, se refleja que el edificio fue construido con una licencia ilegal y constituye una ‘pantalla disonante’ en su entorno, por lo que no habría otro modo de ejecutar la sentencia que procediendo a la demolición total o parcial. El Concello propuso en 2006, con el PP al frente, una solución intermedia: una pantalla vegetal para tapar la mayor parte del edificio y adaptarlo así a su entorno. El expediente de proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística fue remitido hace dos años al Tribunal de Galicia y a la Consellería de Cultura, pero ninguno de estos organismos ha respondido en sentido alguno, por lo que el Ayuntamiento no pudo ejecutar su plan.
Además de esta actuación, hay en Vigo unas 2.000 familias afectadas por sentencias de derribo de edificios ilegales, como el caso del ámbito de Finca do Conde, Rosalía de Castro, Jacinto Benavente, las torres Ifer en García Barbón, la Pastora, los aparthoteles de Samil o los chalets adosados de Canido, aunque los expertos consideran que tienen una solución mucho más sencilla con el PGOM.
El alcalde pide responsablidades a sus antecesores
Caballero lamentó la ‘herencia’ en actuaciones urbanísticas irregulares y exigió ‘responsabilidades políticas’ a todos los que tomaron esas decisiones ‘sean del partido que sean’. ‘Que nadie se quede callado’, exigió. A ese respecto, el regidor se refirió a actuaciones que ya tienen sentencias firmes en contra, como la de Castrelos o Finca do Conde, y denunció que dichas actuaciones han dejado ‘estupefactos’ a los ciudadanos y al Ayuntamiento ‘gravemente amenazado por decisiones políticas de otras corporaciones’. La licencia se dio en el último mandato de Soto, entonces del PSOE.
#1 Comentario de: Luis
Derribo ya. Llevamos muchos años pidiendo que se cumpla con la ley, y ahora se demuestra que los palos que nos daba la policía cuando nos manifestábamos contra dicha ilegalidad habría que dárselos a esos políticos. Los políticos deben responder ante los tribunales por los amaños que realizan. Las indemnizaciones que las paguen los políticos con su patrimonio o con la cárcel como los narcos, ya veríamos como a muchos se le sacarían las ganas de presentarse.