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El Tribunal Supremo desestimó el último recurso presentado por la comunidad de propietarios de la Colina de Castrelos e instó al Concello a proceder a la demolición total o parcial del edificio en el plazo de un mes al mantener que no se adapta a su entorno, el parque de Castrelos. El fallo del alto tribunal desestima los tres motivos alegados contra el auto de 12 junio de 2006 de la sala de lo Contencioso del Tribunal de Galicia en la ejecución de la sentencia dictada por la misma sala en 22 de septiembre de 1994 e impone costas a los demandantes. La licencia original fue otorgada por Manuel Soto.

La famosa foto desde Castrelos que sirvió al Tribunal Supremo para condenar al edificio por no adaptarse al entorno.

Según indica el recurso de casación, el Concello lleva diez años sin cumplir con la orden de demoler la Colina de Castrelos. Los tres motivos alegados fueron descartados por el Supremo, que apenas despacha en tres páginas los motivos por lo que mantiene la sentencia inicial, que condena al inmueble a su caída por la piqueta. El primero descartado en casación es la falta de jurisdicción, pero se detiene más en el segundo punto, que también rechaza: que el auto recurrido habría incurrido en incongruencia omisiva por no resolver cuestiones y peticiones planteadas en otro recurso anterior, de súplica. ’Nada más lejos de la realidad’, indica el Supremo en el fallo, que añade de forma taxativa que el Ayuntamiento de Vigo ha tratado de enmascarar el incumplimiento de la sentencia. ’En el plazo de un mes se deberá redactar un proyecto de demolición total o parcial del inmueble, de acuerdo con el criterio recogido en la sentencia de 2004 en la que se expresó claramente que el efecto inherente a la anulación de la licencia por no adaptarse el edificio autorizado al ambiente en que se sitúa es, o bien su derribo, o bien su modificación externa, de suerte que la edificación que finalmente quede, si alguna fuera posible, cumpla aquella exigencia legal’. El Supremo también rechaza la tercera consideración, la ejecución de la sentencia, que considera ejecutiva.

Abel Caballero no quiso hacer declaraciones por desconocer el fallo, que coincide con la publicación del PGOM y que, según los expertos, tiene muy difícil arreglo. En Vigo, unos 2.000 vecinos viven en pisos condenados por los tribunales (Finca do Conde, Jacinto Benavente o Samil, entre otros), aunque la mayoría podrían legalizarse con el nuevo Plan.