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La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció que su departamento realizará una primera oferta de suelo público en octubre por valor de 300 millones de euros ampliables. Según señaló en su intervención en el 'Foro Cinco Días', esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES. Se dará prioridad a los terrenos que permitan una transformación inmediata para VPO y las Comunidades Autónomas y ayuntamientos tendrán un papel protagonista en este proyecto.
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Después de que ayer martes Pedro Solbes rechazara que el Gobierno deba comprar suelo a empresas privadas para dotarlas de liquidez y evitar suspensiones de pagos como la de Martinsa, Corredor anunció este miércoles que hará una oferta pública en octubre para adquirir solares privados por un importe de 300 millones de euros. El Gobierno no descarta ampliar este presupuesto en futuros rescates.
El plazo de presentación de las ofertas comenzará en el mes de octubre y tendrá una vigencia de tres meses. A partir de ese momento, SEPES dispondrá de seis meses para valorar cada una de las ofertas y realizar el preceptivo estudio de viabilidad económica, durante los que mantendrá el derecho a compra de los terrenos. Estas ofertas serán evaluadas por una comisión en la que la entidad pública de suelo trabajará estrechamente con comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La ministra de vivienda asegura que las comunidades y ayuntamientos tendrán un papel ‘protagonista’ en este proceso por ello SEPES y administraciones autonómicas y locales consensuarán en el mes de septiembre los criterios de selección de las ofertas.
De momento, Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a las ofertas de suelos susceptibles de transformación inmediata para la construcción de VPO o los situados en territorios con mayor demanda de suelo, según los criterios del Plan de Vivienda y de los registros de demandantes de vivienda protegida. En cualquier caso, Corredor aseguró que la oferta pública se realizará en condiciones de ‘trasparencia’ e ‘igualdad de condiciones’.