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El Concello de Nigrán decidió contratar a una empresa ajena para recogida urgente de la basura en las zonas más afectadas por la huelga, mientras que los trabajadores advirtieron de que ‘no lo permitirían’. Por su parte, empresarios y oposición municipal apuntan al daño a la imagen turística del municipio.

El acceso al Concello se vio bloqueado por una protesta de los trabajadores de la recogida de basura. foto: lyidia miranda

Sin previsión sobre el fin de la huelga de basura que ya ha generado más 400 toneladas de residuos acumulados en las calles, el Ayuntamiento de Nigrán mantuvo ayer dos reuniones para ratificar su postura ante el conflicto laboral que ya dura nueve días.

Por la mañana, el alcalde Efrén Juanes y los ediles socialistas estuvieron reunidos con los trabajadores de la empresa. La junta duró poco más de media hora y sirvió para que el gobierno reafirmase que ‘sigue sin querer mediar’ en el conflicto, informó el delegado de personal, Roberto Pérez. De ese modo, el Ayuntamiento dejó claro que no contempla un incremento en el canon anual de Cespa, que cobra 1,2 millones de euros por año, según datos municipales.

Por la tarde, el gobierno volvió a reunirse con Cespa para exigir el cumplimiento del contrato. La empresa, por su parte, ‘se comprometió a mejorar’ la oferta económica hecha a los trabajadores donde se contempló un aumento salarial del IPC más un punto.

El gobierno informó que dio marcha a un operativo de limpieza cuya factura será traspasada a la concesionaria. ‘Se trata de una empresa ajena que diseñó un operativo de urgencia para las zonas más afectadas y los trabajos comenzarán inmediatamente’, explicó Efrén Juanes.

En este sentido, el sindicalista Xusto Fernández afirmó que se trata de una medida ‘ilegal’ debido al decreto de servicios mínimos alcanzado por el laudo arbitral tras la mediación de Trabajo. ‘Si Sanidad considera necesario sí, pero si el Concello no tiene un informe de la Xunta no lo permitiremos’, advirtió.

Difícil solución
Cespa reconoció que el conflicto con los trabajadores ‘tiene difícil’ solución por la posición ‘inamovible’ de la parte social, y pidieron al Concello otras alternativas para facilitar el fin del paro ‘que no necesariamente pasan por el desembolso económico’. Así lo manifestó, el responsable de Recursos Humanos de la zona norte de la empresa, Javier Antón Maguregui, quien explicó que las negociaciones con el sindicato CIG están bloqueadas porque la petición de aumento salarial, del 12% es ‘inasumible’ para Cespa.