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La historia del Plan de Urbanismo es la de Vigo en los últimos siete años, desde que en septiembre de 2001 el alcalde Lois Castrillo firmó el decreto por el que adjudicó a Consultora Galega los trabajos de redacción de un documento urbanístico que vendría a sustituir al obsoleto Plan de 1993, condenado por los tribunales.

En junio de 2006, BNG y PP votaron a favor el PGOM. Luego lo echó abajo la Xunta. Foto: archivo

Ya se contaba con que no iba a ser una travesía sencilla, pero los cálculos más pesimistas, que consideraban que harían falta entre tres y cuatro años para su aprobación, se quedaron muy cortos: tuvieron que pasar tres alcaldes más y otros tantos gobiernos locales para conseguir el visto bueno de la Xunta. También hubo en este tiempo enormes cambios políticos: el PSOE tuvo una actitud pasiva sobre el Plan desde 2001 a 2003 y tremendamente crítica desde ese año hasta la llegada de Abel Caballero, cuando aceptó el documento, primero con cautela y ahora con entusiasmo (véanse las declaraciones realizadas por el alcalmismo). En el PP, lo contrario: primero expectación, luego apoyo activo e entusiasta y en el último año, tras los cambios incluidos por el PSOE, crítica feroz. El BNG siempre ha estado a favor y es lógico: suya fue la iniciativa y el modelo de ciudad que ha quedado definitivamente instituido. En estos años, siete, ha habido de todo: cinco concejales de Urbanismo (Xabier Toba, del BNG; Mauricio Ruiz, del PSOE; Chema Figueroa, del PP, y Carmela Silva y José Mariño, del PSOE) y cuatro alcaldes de todas las ideologías. Tres estuvieron a favor (Lois Castrillo, Corina Porro y Abel Caballero) y uno en contra, Ventura Pérez Mariño, de mandato efímero. Pérez Mariño hundió el gobierno que presidía al negarse a seguir tramitando un PGOM en el que no creía. De ahí vino su caída y la llegada del PP al poder, que lógicamente optó por continuar con los trabajos manteniendo una suerte de coalición urbanística de facto con el BNG. Todo ello desembocó en una aprobación plenaria tumultuosa, manifestaciones multitudinarias y un cierto conflicto social que se acabó enderezando gracias a una sencilla operación: prolongar durante seis meses la fase de exposición al público del Plan para que todos los afectados pudieran presentar alegaciones y aceptar casi la mitad de las 60.000 presentadas, lo que permitió enfriar el conflicto de Guixar y rebajar la tensión general. Nada de ello valió para que la Xunta, ya con el PSOE al frente, diera su brazo a torcer y en enero de 2006 llegó la Orden que echó abajo el documento. Dos años después llegó al fin el permiso.