¿Dónde estoy?  > Vigo

‘Sorprende que la orden de la Xunta sea tan partidista, tan sectaria y tan poco rigurosa. Hoy tenemos un plan virtual, el papel lo aguanta todo, pero no se va a poder desarrollar, no es viable ni técnica ni económicamente como advertimos’.

El concejal Chema Figueroa. Foto: lydia miranda

Es la opinión del concejal del PP y ex responsable de Urbanismo, Chema Figueroa, que ofreció ayer un primer pronunciamiento sobre la orden de la Consellería de Política Territorial, a la que acusó de haber cometido una ‘grave injusticia’ con el informe que había emitido cuando gobernaba el PP en Vigo y que fue mucho más duro que el actual. Figueora recordó que el plan tenía un consenso mayoritario en el anterior mandato (21 colectivos sociales estaban a favor y 1, el PSOE, en contra), pero que el actual gobierno decidió introducir cambios que no contaban con el consenso mayoritario y que en opinión del PP lo hacían inviable y perjudicaba a barrios y parroquias. Ésta había sido la razón de su voto en contra y creen que el tiempo les dio la razón. El PP afirma que se demostró que el plan contiene errores, que se han perdido 18 meses porque podía haberse aprobado antes y que la resolución de la Xunta fue ‘totalmente política’. En relación con esto último, creen que habría que pedir responsabilidades a los técnicos de la Xunta que firmaron esta resolución, porque son los mismos que en la orden del 19 de enero de 2007 pedían unas modificaciones que no se llevaron a cabo y a las que sin embargo ahora han olvidado. Asimismo, afirman que estos técnicos, con el respaldo político de la conselleira, actuaron en aquella fecha ‘con premeditación, alevosía y nocturnidad’ y que ‘en lugar de ajustarse a decir si cumplía la legalidad, hicieron un informe partidista, sectario y sesgado’. En cuanto a las consecuencias, destacan que ‘castigan de forma clara’ a barrios y parroquias, porque hay áreas de expansión de ocho núcleos rurales que ahora deben cambiar a suelo rústico de especial protección. En contraposición ya no se exige que los convenios firmados con otras administraciones tengan que ser ratificados, cómo se decía en la orden de enero de 2007, según explicó Chema Figueroa.