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El Gobierno elabora un reglamento, gracias a una enmienda pactada entre PSOE e IU, en diciembre de 2007 para distribuir dos millones de euros presupuestados para indemnizar a los presos detenidos y torturados durante el franquismo por su condición de homosexuales. Indemnizaciones ‘pioneras e históricas’, según Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que asegura que ya han recibido hasta ahora 72 solicitudes de ayuda para poder tramitar las indeminizaciones.

El poeta y periodista Leopoldo Alas y el presidente de la Asociación de ex presos sociales, Antonio Ruiz

‘Si el comisario ’El Gallego’ levantara la cabeza, ja, ja, ja...’. El que así se expresa es Manuel Toledano, uno de los 4.000 encarcelados y torturados durante el franquismo por homosexuales. El Gobierno elabora un reglamento para distribuir los dos millones de euros presupuestados para indemnizar a ese colectivo. Indemnizaciones ‘pioneras e históricas’, según Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que han obligado a muchos a desenterrar recuerdos dolorosos de redadas, comisarías, cárceles, vejaciones, destierros... Su delito: ser homosexuales.

Según la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 ser homosexual era delito. Una reforma posterior, en 1970, dio paso a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Con esta nueva norma esa condición sexual era motivo de encarcelamiento, eso sí, con el fin de la reeducación, de la rehabilitación, de que el detenido en cuestión dejara de ser ‘maricón’, en la terminología al uso en la época. Una norma que siguió en vigor en los primeros años de la democracia hasta que en 1978 una reforma eliminó las referencias a la homosexualidad. En 1995 se derogó definitivamente.

Enmienda de IU y PSOE

Gracias a una enmienda pactada entre PSOE e IU, en diciembre de 2007 el Congreso de los Diputados incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una partida de dos millones de euros para indemnizar a las personas que fueron represaliadas por su condición sexual. Tras el paréntesis electoral, los ministerios de Presidencia y de Justicia se afanan ahora en establecer un reglamento que permita obtener datos fiables sobre el número de afectados y que fije condiciones y requisitos de acceso a las indemnizaciones.