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Fiscalía pide dos años de prisión y cinco de inhabilitación para un urólogo vigués por homicidio imprudente

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Agencias - VIGO - 21-01-2013

La Fiscalía pide dos años de prisión y cinco años de inhabilitación profesional para un urólogo de Vigo, que será juzgado el próximo martes en la sala de lo Penal número 2, a las 10.00 horas, por un supuesto delito de homicidio imprudente, al no diagnosticar un cáncer a un paciente que acabó falleciendo en agosto de 2006.



Los hechos tuvieron lugar entre febrero de 2003 y agosto de 2006, según han explicado fuentes de la acusación particular. La víctima, de 66 años, acudió a la consulta privada de este urólogo y, tras un examen, se le diagnosticó prostatitis crónica e hiperplasia benigna de próstata, tras lo que se pautó un tratamiento antibiótico.

Desde febrero de 2003, en los siguientes meses, acudió a la consulta a hacerse varias revisiones y recibió el alta después de realizarse una citología en la que el acusado anotó que 'el resultado es negativo para malignidad'.

La acusación sostiene que esa anotación no se correspondía con la realidad, puesto que el informe citopatológico del laboratorio dice que debía seguirse el control, ya que 'es posible que haya células malignas'.

El paciente volvió a la consulta en junio de 2005, manifestando un empeoramiento en su estado y se le realizó un tacto rectal, PSA y ecografía, pero no se le practicó una nueva citología. Días después, el urólogo anotó en su historia 'mejora clínica y persistencia de próstata dolorosa tras la práctica de tacto rectal'.


SEGUNDA OPINIÓN

Ante el agravamiento de su estado, el paciente solicitó una segunda opinión y, finalmente, en noviembre de 2005, otro médico le diagnosticó un tumor vesical múltiple, concretamente, carcinoma de células transaccionales grado III. Tras diversas intervenciones quirúrgicas, el hombre falleció en agosto de 2006.

La acusación particular, ejercida por la Asociación el Defensor del Paciente, en nombre de la viuda y los hijos de la víctima, solicita una pena de 3 años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica.