Domingo 26 de mayo de 2013
última actualización: 09:50
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El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela y encargado de la causa sobre el robo del Códice Calixtino, el ourensano José Antonio Vázquez Taín, confirmó que la principal hipótesis con la que se trabaja es que todo el dinero incautado al autor confeso del hurto, el electricista Manuel Fernández Castiñeiras, procede de la catedral compostelana y manifestó dudas de que llegase a vender objetos religiosos y de arte sustraídos del templo, aunque este punto está pendiente de ratificar definitivamente.

En una entrevista en la Radio Galega, el magistrado apunta a que los 1,2 millones de euros y los 30.000 dólares que se encontraron en registros en propiedades del detenido la semana pasada, así como los en torno a 600.000 euros contenidos en la maleta localizada en la madrugada de ayer en un patio interior del edificio en donde tiene un piso en O Milladoiro, procederían de sustracciones en dependencias de la catedral, no sólo de los cepillos del templo, aunque puntualiza que es preciso hacer otras comprobaciones para ratificarlo.
Así, especificó que aún es necesario comprobar si el detenido 'manejaba cuentas bancarias o si tenía todo el dinero en casa', con lo que existe la posibilidad de que alguna parte del botín incautado proceda 'de su propio trabajo' como electricista. 'Está todo muy verde, hacer afirmaciones en eso es temerario', matizó, a la espera de que se realice, en una entidad bancaria, el recuento definitivo del dinero hallado en la maleta.
LAS VENTAS, DESECHADAS
Aunque el juez afirmó que aún es preciso cerrar la línea de investigación de si Fernández Castiñeiras Manuel F.C. llegó a vender alguna pieza extraída de la basílica, avanzó que 'parece que todo queda desechado en ese sentido' y que 'no se apoderó de nada dentro de la catedral para venderlo'.
En cualquier caso, puntualizó que aún queda 'muchísimo trabajo que hacer', de forma que la operación continúa y 'seguramente' habrá que hacer más registros para llevar a juicio datos concretos sobre 'dónde cogió el dinero, en qué fechas lo cogió, en qué cantidades o con qué frecuencia'. En este sentido, la voluntad del juez es imprimir 'la mayor rapidez posible' al proceso, aunque señala que no se pueden aportar fechas concretas.