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El Valedor do Pobo, Benigno López, recientemente dimitido, admitió pocas horas antes de dejar su cargo una queja presentada por la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Moaña sobre las listas de espera en el Hospital Povisa de Vigo, centro que resulta de referencia para los habitantes de la comarca de O Morrazo.

El Valedor, según informó recientemente la plataforma, admitió a trámite la solicitud de este colectivo al entender que 'atopa, en principio, cobertura constitucional', por lo que 'promóvese a investigación sumaria e informal' del Valedor ante la Consellería de Sanidade para el esclarecimiento de los hechos.

De la misma manera, el Valedor rechazó la petición de la Plataforma de investigar el libre acceso para los usuarios de O Morrazo al futuro hospital de Vigo, que se encuentra actualmente en fase de construcción, por entender que no es el momento y que hay que esperar a 'cando estean acordados dun xeito definitivo os campos de actuación de dito hospital e existan acordos da administración sanitaria a tal fin, xa que neste momento, co tempo que falta para que empece a funcionar, considérase que non existen acordos definitivos que poidan ser valorados', indica la plataforma, remitiéndose al escrito de contestación recibido dese la oficina del Valedor do Pobo.


CRÍTICAS

La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Moaña no dudó en criticar la postura del hoy dimisionario Benigno López, por su 'comprensión' con las dificultades de la Administración para cumplir sus obligaciones y recuerda que ya había archivado otra denuncia semejante por las listas de espera en 2011 'sen máis explicacións'. Por esta razón, confían en que su sustituto, el hasta ahora vicevaledor José Julio Fernández, inste a la Fiscalía para que presnte un recurso de inconstitucionalidad por el incumplimiento de la Lei de Cohesión e Calidade da Saúde, que reconoce que todos los usuarios tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. En el caso de Povisa, señalan, se estaría ante un caso de flagrante incumplimiento, al registrase esperas medias de más de 185 días para una operación.