Con los mismos instrumentos que condujeron la salida del Franquismo hacia el punto de llegada previsto por el fundador de la monarquía del 18 de julio; esto es, la sucesiva reforma de las leyes franquistas y la definitiva Ley para la Reforma Política, hubiera sido suficiente con cambiar los contenidos y los objetivos, y emplear el mismo proceso; es decir, un referéndum, para llegar a resultados distintos. Porque ese elemento repetido, presente e invocado por la oposición democrática e incluso por el pretendiente don Juan de Borbón, es un referéndum o un plebiscito que devolviera la voz al pueblo español para que fuera éste, y no Franco, quien con su voto definiera el Estado futuro, su jefatura y su estructura.
Es constatable modo en que se hurtó a los españoles, mediante medidas jurídicas y administrativas, la posibilidad de decidir realmente el futuro de la nación y el modo en que debería constituirse el Estado sucesor del de los triunfadores de la guerra civil, dejando sin resolver cuestiones que emergen ahora con toda crudeza. La revelación de que Suárez no se atrevió a convocar ese referéndum, cuyo resultado hubiera confirmado o liquidado la monarquía, al menos en el plano teórico (si llega a celebrarse, ya veríamos si lo aceptaban los militares), vuelve a exponer un asunto, a mi entender pendiente, si bien en segundo plano en estos momentos, dadas las prioridades que acucian a la nación española. Pero de vez en cuando conviene recordar que el tema de fondo sigue pendiente, y cada vez más, para millones de españoles.
¿Cómo se evitó el debate: La pieza esencial junto a las sucesivas leyes de la Reforma, fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España,constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía, o el prestigio de las Fuerzas Armadas.
No hubo debate ni alternativa posible: o se aceptaba la Constitución de 1978, que incluía la Monarquía y el Estado de las autonomías en el mismo paquete ¿o qué? Y pese al significativo avance que supone la Constitución sobre la época anterior, no pudo impedir que amplias masas de ciudadanos mantuvieran el deseo de considerar en su momento la posibilidad de reabrir un debate que no fue posible realizar durante la llamada “Transición”.
La cuestión era fundamentalmente la dirección que se quisiera tomar para ir “de la ley a la ley”. Si se hizo un referéndum para la reforma política para –teóricamente- desmontar la continuidad jurídica del Franquismo, ¿qué impedía que esa consulta planteara la cuestión previa: república o monarquía? Esa consulta legal y prevista como apelación al sentimiento de los ciudadanos, del mismo modo que sirvió para articular la “Transición” a partir de la Ley de Reforma Política, hubiera podido servir para que los españoles, como repetidamente invocaban las fuerzas democráticas (y las reformistas, en una de sus etapas iniciales), se pudieran haber pronunciado previamente sobre la opción república o monarquía.
Es lo que propugnaban (y mantuvo hasta el último momento en la ponencia constitucional) el Partido Socialista Obrero Español. Era la propuesta de la Junta Democrática e incluso los consejeros del pretendiente Juan de Borbón, conde de Barcelona, como repetidamente dejó escrito Rafael Calvo Serer en la prensa europea, en sus declaraciones a los medios y en un expresivo libro recopilatorio de sus artículos al respecto.
Sin embargo es precisamente Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, quien haciendo suya la vieja teoría del “Pacto” entre el pueblo o la comunidad política y la Corona, plantea un dilema: “O se pacta con la Corona el restablecimiento de la democracia, a costa de admitir la Monarquía como forma de la Jefatura del Estado, o la Monarquía pactará con el Ejército su propio modelo de continuidad. La democracia llegará, pero tardará más. En todo caso, el morado de la bandera no vale otra guerra civil”. Fue sin duda una postura posibilista, frente a quienes aspiraban realmente a que fueran todos los españoles, y no unos pocos, quienes decidieran. Es posible que Carrillo tuviera razón, pero lo que aquí planteamos lo pensaron también muchos ciudadanos y un sector nada despreciable de los partidos de izquierda.
