Opinión

El perdón de los nuestros

Al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le parece razonable que el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, sea imputado por los tuits que escribió hace cuatro años con chistes negros sobre el Holocausto, Irene Villa y las chicas de Alcasser. Sin embargo cree que declaraciones de compañeros suyos como Rafael Hernando, que dijo que "los familiares de las víctimas del franquismo sólo se acordaban de desenterrar a los suyos cuando había subvenciones", y Pablo Casado, que llamó carcas a los de izquierdas por estar "todo el día con la fosa de no sé quién", no merecen el mismo reproche. Sostiene el ministro que además Hernando pidió perdón, cosa que no es cierta, pero cuando Pepa Bueno, en la entrevista que le ha hecho en la SER, le recuerda que Guillermo Zapata pidió perdón por sus tuits, cosa que sí que es cierta, entonces dice que "pedir perdón no es suficiente".
Es verdad que Fernández Díaz no tiene el patrimonio de esa mirada asimétrica sobre las responsabilidades políticas y penales según sea o no el afectado "de los nuestros". De hecho, muchos de quienes han disculpado a Zapata habrían reclamado responsabilidades si el autor de los polémicos tuits hubiera sido un concejal de Esperanza Aguirre. Pero él es ministro del Interior y en su caso mantener esa postura es un agravante.
Convendría aclarar las líneas rojas, ese punto concreto en el que la libertad de expresión atraviesa la frontera de la ofensa y ese límite en el que el reproche público de la ofensa debe hacerlo la justicia por la vía penal. A pesar de que el Código Penal dedica siete artículos al intento, las decisiones judiciales no son unánimes. Y así unos versos de un rapero pueden costar dos años de cárcel y sin embargo la causa abierta por las declaraciones de Cristina Cifuentes acusando a Ada Colau de ser filoetarra puede ser archivada. Pero no creo que haya que modificar el Código Penal para concluir que siendo iguales las víctimas en su condición, la ofensa debe tener idéntica respuesta, sea quien ofende compañero de partido o adversario político.

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