La Audiencia Nacional considera probada la "distorsión" de estados contables entre 2010 y 2011
n n n La Audiencia Nacional condenó ayer a cuatro integrantes de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a hasta cuatro años de prisión por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la entidad en momentos de grave crisis.
La sección cuarta de la sala de lo Penal impone la máxima pena, cuatro años, al ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, como autor tanto de un delito continuado de falsedad contable como de falsedad en la información a los inversores al ser el responsable de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) los resultados intermedios de la caja. En la sentencia de 310 folios conocida ayer, la sala le responsabiliza de ser quien comunicó un beneficio "inveraz" de 39,8 millones en el primer trimestre de 2011 con el propósito de "conseguir captar inversores confiados en la solvencia" de una CAM "atractiva en un momento de crisis".
balances irreales
Tras Sogorb, al que varios acusados señalaron durante el juicio como gestor de las operaciones con las que la caja supuestamente infló los balances, se sitúan los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, ambos condenados a tres años de cárcel por falsedad contable. Según explican los magistrados, todos ellos practicaron conductas "tendentes a distorsionar las cuentas", intentando "esconder o al menos, maquillar" la grave crisis de la CAM, que el 22 de julio de 2011 tuvo que ser intervenida por el Banco de España víctima de un "agujero patrimonial" generado por la inversión en el "ladrillo".
En este sentido, apuntan al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, al que imponen dos años, nueve meses y un día de prisión.
Los jueces responsabilizan a Martínez y a los otros tres condenados en el juicio de la CAM de unas irregularidades que permitieron arrojar beneficios a marzo de 2011 en lugar de los 1.163 millones de pérdidas y una ratio de morosidad del 19%, evidenciados tres meses después tras la reexpresión contable por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).
La sentencia, de la que ha sido ponente el juez Juan Francisco Martel, podrá ser recurrida por las partes en el plazo de cinco días ante el Tribunal Supremo, el cual dilucidará el futuro procesal de los directivos de la que llegó a ser la cuarta mayor caja española, con más de 130 años de historia en el momento de la intervención por el Estado.n
