Un instituto de La Seu d'Urgell instaló cámaras en varias aulas en un intento de reducir la conflictividad
n n n El instituto público de enseñanza secundaria Joan Brudieu de La Seu d`Urgell (Lleida) decidió extender las cámaras de videovigilancia en el centro al interior de alguna de sus aulas, debido al nivel de conflictividad que se registra en ellas. Las cámaras que estaba previsto que empezasen a funcionar la próxima semana fueron desautorizadas por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat catalana, además de generar una polémica sobre su idoneidad entre la comunidad educativa.
Los pedagogos rechazan la medida que adoptó el instituto ya que consideran que se trata de una medida "absolutamente reprobable", según afirmó el vocal de educación del Colegio de Pedagogos de Cataluña Ángel Casajús, que además es doctor en pedagogía y cuenta con una experiencia de más de veinte años como orientador en un IES de Barcelona.
Si el centro educativo "se ve en la necesidad de aplicar una medida como ésta es porque el profesorado que da clase a estos alumnos no es el adecuado y es incapaz de atender la diversidad de estudiantes que tiene en el aula", ha valorado Casajús.
Para el pedagogo, la medida "no es en absoluto pedagógica", y cree que "no soluciona para nada el problema del mal comportamiento" y en el aula. "Es más, las cámaras en el aula restan autoridad y respeto al profesor", con lo que los actos vandálicos "pueden desaparecer o disminuir ante la cámara, pero persistirán fuera de su alcance", añade.
ganarse el respeto
El profesor de un aula diversa debe "estar convencido de esta diversidad, saber atender a sus alumnos, y ganarse su respeto, no su miedo", según señalado el pedagogo.
La base para solucionar la conflictividad en las aulas "es la educación y el fomento de la autorresponsabilidad", según indica Ángel Casajús, aspectos que "se ven disminuidos con la presencia de cámaras en las aulas", afirma el experto.
Fuentes del departamento de Enseñanza han confirmado que para poder instalar las cámaras en el aula, "el centro debe notificar su instalación a la dirección de servicios territoriales antes de ponerlas en marcha y este paso no se ha dado".
Las mismas fuentes han señalado que, para poder instalar el sistema de vigilancia, la escuela debe justificar las causas de la decisión, que deben ser graves, los objetivos que persigue y el tiempo de vigencia de la medida.
Además, el instituto debe argumentar ante el departamento de Enseñanza del gobierno autonómico los pasos previos llevados a cabo para solucionar el conflicto, que deben incluir la petición de ayuda al ayuntamiento, según señalan esas fuentes.n
