El Senado reclama protección a las víctimas que se hallen en situación de sustracción de menores
n n n El documento aprobado por el pleno del Senado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge 267 medidas, así como 13 votos particulares presentados por PSOE y Podemos, que fueron rechazados por la Cámara Alta. El Pacto prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Adminitración Central, y fue impulsado por el Gobierno a través de la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat.
Entre las medidas más destacadas, la Cámara Alta decidió incorporar una relacionada con el caso que vivió este verano Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.
Otras medidas llamativas proponen sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar "una segunda victimización y la impunidad de los agresores" y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que sufrieron violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.
En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos (trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual), incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual a través de la recogida de datos y una macroencuesta. También sugiere modificar la legislación con el fin de "dejar en suspenso" el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento.
protección al menor
Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se adoptase una orden de protección para la madre o para el menor. Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con "ponerlo en conocimiento" de la otra parte.
El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez ponga un régimen de visitas.
También reconoce el derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida por parte de las personas que asumen la patria potestad, tutela o acogimiento permanente de los niños que quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una encuentas para saber el número de menores que sufren abusos.
Un total de 36 mujeres fueron asesinadas en 2017 a causa de la violencia de género, seis más que hace un año, según datos a 24 de agosto. Además, 18 menores quedaron huérfanos por esa causa.n
