La hija de uno de los afectados: "Mi padre murió antes del juicio para reclamar sus derechos"
“Nunca pensamos que al retornar viviríamos esta pesadilla”, aseguraba ayer visiblemente emocionada María Carballo Rodríguez, una de los más de 3.000 jubilados gallegos que desde hace casi tres años no reciben sus pensiones de Venezuela, país al que emigraron la mayoría siendo muy jóvenes. Entre el grupo que se concentró ante el edificio de la Xunta para reclamar ayudas del Gobierno autonómico estaban también algunos jóvenes. Mónica Janeiro era uno de ellos. En sus manos portaba un cartel con las fotos de su padre y de la hornacina en la que guarda sus cenizas. Esteban Janeiro murió en octubre del año pasado “sin llegar a cobrar nada. Decía que dada la situación a que habíamos llegado prefería morir antes de ser una carga para su familia”, recuerda muy afectada su hija. El juicio en el que se reconocería su derecho a cobrar una pensión no contributiva en España estaba marcado para diciembre, dos meses después de su fallecimiento. “Pienso seguir luchando por la memoria de mi padre y ahora también por el derecho de mi madre a cobrar el complemento que le corresponde a su pensión de viudedad, que no se la conceden porque el INSS pide una respuesta de Venezuela”. Por el momento, y mientras el drama de los jubilados retornados se traslada a los juzgados, la familia de Mónica vive con “650 euros para seis personas. Ni siquiera han reconocido la incapacidad a mi madre que se cayó en noviembre y apenas puede moverse. Dicen que debe llevar al menos cinco años residiendo aquí para tener derecho. Nadie parece tener una solución para nosotros y todos nos han dado la espalda”.
La familia se ha convertido para este colectivo en su único apoyo. José Antonio Fernández, que como la mayoría pasó más de medio siglo emigrado, vive gracias “al dinero que logramos con la venta de nuestro piso en Caracas, dinero que se están acabando. Ahora nuestros hijos nos pagan el alquiler”. Este hombre que regresó en el 2015 con su mujer asegura que “con lo único que contábamos para nuestra vejez era la jubilación, y nos encontramos sin nada. El consulado y la embajada de Venezuela nos han estado dando largas. Nos han engañado”. Tampoco la respuesta recibida desde el INSS ha sido alentadora. “A mí me han denegado una pensión no contributiva. Presenté recurso de alzada y estoy esperando la respuesta”.
El vigués José Vilar regresó de Venezuela en el 2002 y durante varios años cobró puntualmente su pensión. Pero desde el 2016 “cortaron sin dar explicaciones”. Desde entonces sobrevive junto a su mujer con unos exiguos 300 euros “y la ayuda que me manda cuando puede una hija”. Esta situación límite le llevó ayer a acudir a la concentración “para informarme. Necesito que nos ayuden”.
