Opinión

Luces y sombras del 23-F

Tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el general Juste, jefe de la División Acorazada “Brunete”, pieza esencial en aquel suceso, preguntado por los hechos de aquella tarde y noche, y su actitud, tras hablar con la Zarzuela, dijo sin inmutarse que si, en lugar de replegarse, el Rey le hubiera ordenado seguir adelante y apoyar el golpe, no hubiera tenido el menor escrúpulo constitucional. 
Es inevitable referirse a este asunto, ante las evidencias de que en que la forma en que fue substanciado dejó abundantes dudas sobre el alcance, implicación y consecuencias del mismo. El propio Carrillo haría una revelación menos conocida: es que tras el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, en el atardecer del día 24, cuando el Rey se reunió con los líderes políticos, hubo un acuerdo tácito para procesar solamente a un grupo limitado de mandos con la responsabilidad más aparente. En sus memorias, el relato del entonces secretario general del Partido Comunista  es más preciso que en las declaraciones a los medios:
“Una vez reunidos el rey nos leyó una declaración en la que, en definitiva, se nos exhortaba a hacer una política que superara hechos como los acaecidos, pues si se repetían no era probable que a él le dejaran las manos libres para sofocarlos. Se nos decía además que era preciso exigir responsabilidades a los jefes comprometidos, con energía, pero sugiriendo que la represión no alcanzase a demasiada gente pues podría provocar un problema mayor: aunque no fueran éstas exactamente las palabras pronunciadas, ése, inequívocamente, era su sentido”. 
De las repetidas palabras de Santiago Carrillo se desprende una clara conclusión: La depuración de las responsabilidades e implicados (algunos fueron apareciendo más tarde), en el intento de golpe de Estado de 1981, se llevó a cabo de manera discreta e incompleta, sin llegar deliberadamente al fondo del asunto. 
La trama civil no fue investigada, ni la financiación del golpe, ni se tomaron medidas contra otros significados golpistas que, por decisión propia, manifestaron estar implicados en el golpe años atrás. Y no olvidemos que el Gobierno del PSOE redujo la pena de 30 años a la que fue condenado Armada a sólo 6 de cumplimiento efectivo.
Con respecto a la posición del rey con los golpistas del 23 F de 1981, el 5 de febrero de 2012, el diario “El País” recogía una información, publicada en Alemania por el semanario “Der Spiegel”,  según la cual Carlos expresó “comprensión, si es que no incluso simpatía” por los sublevados. El origen de tan sorprendente afirmación se situaba en un despacho del entonces embajador de Alemania en Madrid, Lothar Lahn, quien llegó informar a su Gobierno de las palabras “casi de disculpa” que el Rey dedicó a los militares sublevados contra el Gobierno de Adolfo Suárez. En una reunión privada entre el embajador y el Jefe del Estado que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 26 de marzo, Juan Carlos explicó a Lahn que los militares conjurados “solo querían lo mismo a lo que todos aspiramos: el restablecimiento del orden, la disciplina, la seguridad y la calma”. La Casa del Rey, tras mostrarse extrañada por el mensaje del embajador alemán, recordó que "el papel del Rey para toda la sociedad española en defensa de la Constitución y de la democracia está claro". 
La versión de Armada
En el epílogo de su libro exculpatorio “Al Servicio de la Corona”, el ex general Alfonso Armada se refiere a una conversación con el Rey el 13 de febrero de 1981, que según dice, no fue autorizado a emplear en su defensa, pese a pedirlo por carta manuscrita. Otro de los protagonistas del 23-F, el ex comandante Pardo Zancada, en un libro, titulado “23-F, la pieza que falta” hace recuento de la postura de los capitanes generales de las regiones militares en que entonces estaba dividida España y concluye que entre partidarios del golpe y tibios, si el Rey hubiera ordenado seguir adelante, la rebelión hubiera triunfado. Pero al mismo tiempo vuelve a sembrar la duda sobre el propio papel del  monarca:
Sabemos, y ahí está el testimonio de Carrillo, sobre la petición del Rey de prudencia, de que en el asunto del 23-F no se llegó al fondo, ¿pero hasta qué fondo? Algunas preguntas siguen esperando respuesta.
Armada fue condenado a 30 años, pero el Gobierno de Felipe González lo puso en la calle apenas cumplidos 6.
 

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