La Policía Portuaria nació hace apenas once años, siendo presidente de la institución el hoy alcalde. Y no fue un parto fácil primero por las reticencias y luego por las negativas expresadas desde el Ministerio del Interior y más en concreto de su más alto representante en Vigo y la provincia, el subdelegado del Gobierno, que entonces era Delfín Fernández. También socialista y exconcejal en Vigo, puso el veto a la decisión, lo que abrió una fosa con el luego regidor que se mantuvo. Sostenía el Ministerio del Interior que no había lugar a la creación de dicho cuerpo porque invadía competencias de otros ya existentes y por tanto, no podría aprobarse como una nueva rama policial.
En realidad se trataba de convertir a los antiguos guardamuelles en una vigilancia especializada, dando cierta categoría. Había el precedente de la Policía Portuaria de Barcelona y a ello se agarró el presidente para continuar adelante pese a todo. Finalmente hubo un compromiso más o menos reconocido por el que se creaba la Policía Portuaria nominalmente aunque en la práctica mantenía sus antiguas atribuciones, sin portar armas de fuego y por tanto, quedaba excluida como un cuerpo de seguridad.
No obstante, en poco tiempo la recién creada fuerza se expandió notablemente y a día de hoy cuenta con 89 agentes y su presencia resulta visible en toda la fachada marítima, donde pueden ejercer sus competencias. Una de ellas, en la avenida Beiramar, de titularidad portuaria, y donde tendría capacidad para multar y sancionar. En otra, en Montero Ríos y los jardines de las Avenidas, donde el actual presidente, López Veiga, reconoce que la Policía Portuaria carece de fuerza y medios suficientes para acabar con el botellón. Una cosa son los muelles, otra la ciudad.
