A petición de la Fiscalía, ha emitido órdenes europeas de detención y de busca y captura contra él y cuatro exconsellers
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó ayer la detención y el ingreso en prisión del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y les acusa de promover "un movimiento de insurrección activa" para conseguir la secesión.
Lamela, a petición de la Fiscalía, emitió ayer órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y órdenes de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica. Les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia y no solo reclama su detención, sino también su ingreso en prisión.
Lamela ya ordenó el jueves el ingreso en prisión sin fianza del exvicepresidente Oriol Junqueras y de siete exconsellers y con fianza de 50.000 euros de Santi Vila, quien ayer pagó y abandonó la prisión de Estremera (Madrid VII).
La magistrada actuó así ayer contra los cinco exdirigentes que se negaron a acudir a su citación y ordenó su detención tras rechazar su solicitud de declarar por videoconferencia. Les acusa de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil.
“coacciones secesionistas"
A su juicio, el Govern impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana "como medio intimidatorio y violento" para conseguir "el fin secesionista de manera coactiva". Les acusa de alentar un movimiento de "insurrección activa" y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.
El auto destaca que para lograr sus fines "promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional". También considera que el expresident "planificó, organizó y financió con fondos públicos" la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O e hizo posible el gasto de 6,2 millones para ello.
La orden de detención pone en marcha un proceso que puede demorar más de dos meses la entrega a España de los requeridos.
Todo ha ocurrido mientras los exconsellers que sí accedieron a declarar el jueves en la Audiencia Nacional y Oriol Junqueras han pasado sus primeras 24 horas en la cárcel (la de Estremera para los hombres y la de Alcalá Meco para las mujeres).
La llegada a España del cesado president del Govern podría demorarse más de dos meses
La decisión de la juez de dictar órdenes europeas de detención y entrega abre un procedimiento que puede durar más de dos meses hasta su entrega a España.
Las órdenes están dirigidas a las autoridades judiciales de Bélgica (la Fiscalía Federal) y también a la Policía, la Guardia Civil e Interpol. Las euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002.
La orden de la jueza se tramitará para que la Policía belga proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, a no ser que ellos se entreguen antes. Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de quince días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo. El juez instructor podría considerar que la información de la orden de detención no es suficiente y pedir información complementaria. En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención. La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción. por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont. En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento belga para que se proceda a la OEDE.n
