Descarta sin embargo iniciar un proceso de extradición de la dirigente de la CUP desde Suiza
La decisión del Gobierno de Suiza de descartar una eventual solicitud de extradición a España de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, ha evitado a la independentista radical catalana enfrentarse a una orden de detención internacional y a una posible demanda de entrega de parte de la Justicia española por su vinculación al ilegal proceso independentista catalán.
El juez Pablo Llarena, que instruye el caso abierto en el Tribunal Supremo español por el proceso hacia la Declaración Unilateral de Independencia, optó por dictar una orden de detención nacional contra la exdiputada regional anticapitalista después de que ésta no acudiera a la citación judicial con el magistrado tal y como ya había adelantado el martes desde Suiza.
La Fiscalía le había pedido que dictara un auto de prisión contra Gabriel y una orden internacional de detención y entrega a Suiza para una posterior demanda de extradición. Gabriel, que justifica su ausencia en Madrid con su opinión de que no iba a tener un juicio justo en España, por considerar que estaba siendo "perseguida políticamente", queda en la misma situación que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que permanecen huidos en Bélgica.
En caso de regresar a España sería detenida, pero la anticapitalista ya ha adelantado que su intención es instalarse en Suiza y trabajar como profesora de Derecho en Ginebra, y, si finalmente se pidiese su extradición, pedir "asilo político".
Rechazo desde Suiza
El juez Llanera evitó con su escrito poner en marcha de momento un proceso de extradición con Suiza, cuyo Gobierno volvió a rechazar esta vía a través del portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.
Ya el martes había adelantad que "a priori" el caso de la dirigente antisistema parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, por lo que una eventual solicitud de extradición o de asistencia jurídica por parte de España sería rechazada con toda probabilidad. En Suiza solo los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como el secuestro de un avión o una toma de rehenes no son considerados delitos políticos.
Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".
Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio de un cantón". Gabriel y su abogado en Suiza, Olivier Peter, consideraron el martes "ilícita" una eventual solicitud de extradición por parte de España.
