Cuando la Sra Theresa May era Ministra del Interior del Reino Unido, comenzó una campaña de identificación para catalogar y luego expulsar a los emigrantes indocumentados del país mandándolos a varios centros de detención, especialmente en los aeropuertos. Para tal fin, en el 2009 se inauguró uno nuevo conocido como ‘Brook House Immigration Removal Centre’. Estaba diseñado con facilidades de ocio como gimnasio, salones de recreación, biblioteca, sala de música e informática. Era para reclusos, principalmente masculinos con poca duración de internamiento.
En el año siguiente, el Inspector General de prisiones, Anne Owers declaró que dicho centro no era ‘fundamentalmente seguro’ debido al acoso, seguido de violencia e incluso drogas. Curiosamente, en marzo del 2017, siete años más tarde, un informe declaró que hubo suficiente mejoría y el nuevo inspector, Peter Clarke dijo estar satisfecho. Felicitó al personal del establecimiento. Sin embargo, una investigación de la BBC reveló que seguía la violencia incluido atentos de suicidio y que la droga seguía a la orden del día. En otro reportaje detallado sobre el mismo tema, pero relacionado específicamente con ciudadanos de la Unión Europea reveló una situación similar pero esta vez eran europeos los que estaban considerados ‘persona non grata’ con orden de expulsión del país. Todos acababan en dichos centros como prisioneros de guerra por supuestos delitos cometidos.
Desde que asumió al poder el actual gobierno de la Sra. May, estos indeseables han aumentado en más de 500%. En el último cuarto del año pasado, 1.300 ciudadanos de la Unión Europeo fueron detenidos comparado con 242 en todo el año 2010. Una parlamentaria del partido nacionalista escoces (SNP), Christina McKelvie, Presidenta de un comité de derechos humanos comentó que las cifras eran escalofriantes pero que daba la impresión de que el aumento estaba más relacionado con política que con delito. Reconoció que algunas personas habían cometido actos criminales pero que el aumento masivo olía más a la política actual de acabar con la emigración ilegal. Hubo casos específicos que han llegado a los medios de comunicación. Un ciudadano italiano perdió su DNI y fue detenido durante ocho meses y un ciudadano polaco por cinco meses porque celebraba su cumpleaños con unos amigos bebiendo en un parque público. Volviendo al centro de Brook House, un video clandestino demostró como los guardias de seguridad abusaban de algunos de los emigrantes. No tardaron unos movimientos de organizaciones de derechos humanos demandando que los centros se cerraran totalmente. Han denunciado casos de por lo menos cuatro suicidios en el último año.
La actual política del gobierno británico con Europa es llegar a firmar acuerdos comerciales. En estos momentos la Sra. May está en China con un gran despliegue de empresarios para tratar de sellar tratados mientras las discusiones sobre el Brexit entre el gobierno y a la Comisión Europea continúan, en especial tratando de acordar sobre un periodo de transición de dos años después de marzo del 2018. ¡Ah! Pero la Sra. May acaba de anunciar en Beijing que el plazo para el ‘libre movimiento’ acabara en la fecha del ‘adiós, muy buenas’; o sea, dentro de un año. ¿Qué significa esto? Que a partir de esa fecha los ciudadanos de la Unión Europea no tendrán derecho a trabajar en el Reino Unido al no ser que tengan los visados correspondientes. ¡Que nadie se atreva a trabajar en un puesto sin un contrato! ¿Aumentaran las detenciones e internamiento de europeos por falta de la simple justificación de residencia? Todo esto está aún por confirmar, pero viendo como están tratando a los emigrantes, cualquiera quera buscar empleo en lo que antes era un país respetable de la Unión Europea.
