n n nEl Ministerio de Fomento hizo un llamamiento a patronal y sindicatos para que se sienten a dialogar lo antes posible en el marco de la negociación colectiva, donde sí se pueden incluir aspectos que no tienen cabida en el Real Decreto Ley de reforma de la estiba por expreso mandato de la Comisión Europea.
El Ministerio mostró su satisfacción por la desconvocatoria de la huelga de los días 20, 22 y 24 por los sindicatos y por que éstos hayan mostrado su disposición a que se inicie “de inmediato la negociación entre las empresas y sindicatos sobre las materias que no se aceptan incluir en la norma”, tal y como señalaron en el comunicado emitido por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
El Ministerio de Fomento recordó que la reforma viene impuesta por la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2014. Y que desde ese momento, se ha estado negociando y trabajando con patronal y sindicatos para llegar a un documento consensuado. Varios de los aspectos solicitados por los sindicatos, como la creación del registro de trabajadores, fueron rechazados por la Comisión Europea, por lo que no se han podido incluir en el texto, añadió.
Fomento insistió en que las condiciones del Real Decreto Ley vienen, por tanto, marcadas por lo que la propia Comisión Europea permite y que han quedado plasmadas en varios informes remitidos por Bruselas al Gobierno.
El Ministerio indicó que ha incorporado todos los elementos posibles para flexibilizar la norma a favor de los trabajadores, como un periodo transitorio de adaptación de tres años, el establecimiento de un sistema de compensaciones para que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes o la no exigencia de requisitos de titulación a aquellos empleados que acrediten 100 jornadas de trabajo.
Si el Reino de España no da cumplimiento a la sentencia de 2014 con la aprobación del Real Decreto, se enfrentará a una multa diaria de 134.000 euros una vez que se ejecute la segunda sentencia –inminente-. Esta cantidad se sumará a los 21,5 millones de sanción acumulados hasta la fecha. En el caso de no aprobarse el Real Decreto, sería la primera vez que España incumple un Tratado de la UE.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ayer en Vigo, instó al Gobierno a que abra un proceso de negociación y no intente "aprovechar" una sentencia europea para ir a "un proceso de desregulación brutal, que puede bajar los salarios de manera infinita, acabar con la seguridad y la calidad que dan los puertos, y que no tenga repercusión positiva sobre su competitividad". Abundó en que el Ejecutivo no se limita a aplicar la sentencia, sino que defiende una "posición ultraliberal".n
