A falta de la convocatoria de de forma oficial del referéndum catalán, tanto el Gobierno central como el de la Generalitat realizan movimientos estratégicos en torno a una de las figuras que devendrán esenciales a la hora de impedir o facilitar la colocación de las urnas, los funcionarios municipales, en los que el Govern pretende descargar el peso de la consulta y amparar desde la futura ley del referéndum, y a los que desde el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, advierte de que deben cumplir y hacer cumplir la legalidad constitucional.
Con estas dos iniciativas, el campo de batalla se ha trasladado a los ayuntamientos catalanes, la mayor parte de cuyos alcaldes apoyan la consulta secesionista agrupados en la Asociación de Municipios Independentistas aunque en ellos viva menos de la mitad de la población, el de Lleida se haya ya negado a colaborar, los alcaldes socialista estén metidos en un embrollo y el de Barcelona se encuentre deshojando la margarita mientras Carles Puigdemont intenta convencer a Ada Colau de que se suba a la ola.
De los secretarios e interventores municipales dependen asuntos cruciales para la celebración del referéndum del 1-O como la elaboración del censo, la formación de las mesas y secciones electorales, la dotación de medios a las Juntas de zona y la designación de los locales electorales, entre otras. Y sin estos componentes no hay un referéndum posible que cumpla los estándares democráticos y por tanto la ausencia de cualquiera de ellos acercaría el referéndum anunciado a la consulta participativa del 9-N. Y por expresar la evidencia y sus dudas sobre su celebración, el consejero de Empresa de la Generalitat Jordi Baiget fue cesado de manera fulminante. Lejos de cerrar filas, aunque aparentemente así haya sido, con su defenestración se ha abierto una nueva brecha en el independentismo catalán, entre el PDeCAT y ERC y la CUP- Y mientras tanto los funcionarios públicos se encuentran entre dos fuegos del que pueden salir heridos, a pesar de que desde ambas partes se dice que pretenden su `protección’, que es efectiva en el caso de que cumplan con la legalidad constitucional y no lo será con la ‘paralegalidad’, dice Enric Milló, que pretende establecer la Generalitat.
Una legalidad alternativa, un ejemplo claro de posverdad, que el Govern quiere plasmar en la ley del referéndum tergiversando y haciendo una lectura de parte de principios y acuerdos internacionales firmados por España a favor del derecho de autodeterminación como si Cataluña fuera un país ocupado militarmente, pero que no resistirá un mínimo análisis jurídico porque toman la parte de la legalidad española que les convine e ignoran la más importante, o declarando a Cataluña como sujeto político soberano o atribuyéndose competencias que ni tan siquiera tiene recogidas en su Estatuto de autonomía, y con las que vulnera de raíz sentencias del Tribunal Constitucional.
De los 113 días desde que Puigedmont anuncio la fecha del 1-O han pasado ya 26, y el Gobierno catalán se mantiene en el periodo de los anuncios, las divisiones internas, las presiones mutuas y las dificultades crecientes para llegar a cabo el referéndum.
