La Audiencia Nacional les juzga por otorgar créditos y préstamos "dudosos" por 135 millones
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata tomó declaración ayer en calidad de investigados al exdirector de Caixanova José Luis Pego Alonso, el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente y otras tres personas por otorgar créditos y préstamos hipotecarios por importe cercano a los 135 millones de euros a una promotora viguesa para la compra de la conservera Bernardo Alfageme, vinculada a antiguos gestores de la caja gallega.
El juez atribuye a todos ellos los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales y cita para hoy al expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, y al ex director general Gregorio Gorriarán, según expone en el auto en el que incoa diligencias contra un total de ocho personas por unos hechos que se remontan a 2005. Tres de los investigados en esta nueva causa -Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso- ya fueron condenados por este mismo tribunal a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.
Según el relato de los hechos en el auto judicial, en otoño de 2005 Gorriarán, junto con Benito Parente visitaron al también investigado Juan Lago Pérez, administrador de Promalar, y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme, dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente.
Operaciones de crédito
De la Mata expone que los máximos gestores de Caixanova "querían beneficiar económicamente" a los accionistas de Bernardo Alfageme facilitando su salida de la sociedad en perjuicio de la entidad financiera. Por ello simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra tras la adquisición de la conservera.
Entre 2005 y 2009 se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad.
En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después concedieron una póliza de crédito de 5 millones de euros. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos dado que el quebranto sufrido por Caixanova ascendería a más de 80 millones de euros, lo que supone una "grave repercusión" en la economía nacional. También recuerda que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acabó inyectando "importantes cantidades de dinero" en Nocavaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia. En concreto la entidad nacionalizada recibió un total de 5.425 millones de euros.n
