En julio de 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona enviaron al mundo la imagen de que España había vuelto a subirse al futuro. El marco de convivencia pactado en la Constitución de 1978 tras cuatro décadas de dictadura franquista funcionaba, y la apuesta por el bienestar en todo el Estado, con los demócratas desterrando la tensión territorial, era indiscutible o al menos eso parecía. Veinticinco años después, la fotografía tramposa que una parte de Cataluña se empeña en trasladar a la comunidad internacional se vuelve a parecer peligrosamente al pasado.
El discurso victimista que ha armado el independentismo para intentar vestir de legitimad sus aspiraciones está construido sobre mentiras y demagogia. No es cierto que Cataluña esté oprimida por el Estado, no es verdad que en Cataluña haya represión y tampoco que España le robe y maltrate. Hasta es falso que el sentimiento soberanista sea mayoritario, ya que consiguió el 48% de los apoyos en las últimas elecciones autonómicas, sumando los sufragios de Junts pel Sí y de la CUP, fuerza antisistema. Ni la historia reciente ni las matemáticas le dan la razón al Govern que preside Carles Puigdemont. La que en otros tiempos era una comunidad que hacía Estado desde Cataluña, paradigma de prosperidad, equilibrio financiero y dedicación al trabajo, se encuentra en una situación de bancarrota absoluta. Según datos del Banco de España, Cataluña es la comunidad más endeudada de España. Con un pasivo de 72.000 millones de euros –debe al Estado 53.000 millones, 8.000 a entidades bancarias y 5.000 a los que han suscrito deuda de la Generalitat–, depende de los Fondos de Liquidez Autonómica para financiarse y pagar las nóminas de los trabajadores públicos como médicos, profesores, jueces, policías, bomberos...
Pero frente a la solidaridad del resto del Estado, la Generalitat ha actuado con deslealtad y desobediencia a las leyes aprobadas democráticamente. A Carles Puigdemont no se le puede, en cambio, acusar de faltar a su palabra, pues lleva mucho tiempo avisando de que llevaría adelante el referéndum de independencia sin respetar el orden democrático del que se ha valido para llegar a donde está ni el mandato de la Justicia. Su irresponsable determinación contrasta con la parsimonia del Gobierno central que preside Mariano Rajoy a la hora de activar mecanismos para impedir un proceso ilegal, máxime cuando disponía de una herramienta legalmente inobjetable como el artículo 155 de la Constitución para suspender la Autonomía. Esto ha propiciado que ahora se intente vender el mensaje de que las fuerzas de seguridad estatales, que defienden el orden constitucional y no al Gobierno de turno, actuaron con desproporción para evitar la votación del domingo, como había ordenado una jueza catalana, frente a la pasividad cómplice de los Mossos ante una situación ilegal. Pero en una situación de conflicto en cualquier país europeo la policía actúa con bastante menos sutileza. Incluso los Mossos fueron mucho más contundentes durante las acampadas del movimiento 15-M, como denunciaron los que ahora les regalan claveles. La falta de diligencia del Gobierno a la hora de abortar la situación hace tiempo no impide que en estos momentos se le preste un apoyo absoluto para atajar una Declaración Unilateral de Independencia cimentada en el asalto a las leyes vigentes. Resulta inadmisible la ambigüedad de quienes pretenden hacer equilibrios apelando a un diálogo que ellos mismos son incapaces de mantener y sostener sin caer en oportunismos. Es tremendamente peligroso discutir ciertos marcos legales y éticos amparándose en un referéndum cocinado a capricho y forma ilegal.
La Cataluña próspera, con una industria pujante y una burguesía culta y sensata ya no se reconoce en la imagen que transmitió durante los mejores Juegos Olímpicos de la historia. El “seny”, la cordura, catalán es rehén de unos políticos atrapados en su megalomanía y en la trampa del movimiento anarquista y antisistema que fractura la sociedad y atemoriza a la mayoría. En la solución no se trata de proclamar vencedor o de ser derrotado, sino de sensatez. Porque ganamos todos o perdemos todos. El dilema consisten en volver al pasado o subirse al futuro. Lo primero sería inaceptable, y el Gobierno y los partidos constitucionalistas han de hacer lo necesario para evitarlo.
