La sociedad española, eso que algunos insisten en llamar, no sé si despectivamente, `gente de la calle`, parece estar resurgiendo. Leo una certera crónica de Fernando Onega en La Vanguardia que algo de esto sugiere, a propósito de la `toma` de esas calles por las mujeres el pasado jueves, o del levantamiento de los pensionistas, o de los policías y funcionarios, o de las concentraciones que parece que se preparan entre los `asalariados de la precariedad`. Tarea de los gobernantes, que nos representan porque les hemos dado nuestro voto y su salario y privilegios, es indagar qué razones hay tras el descontento, ya no tan subterráneo, ante las patentes desigualdades: refugiarse en el `todo va bien` porque las reservas hoteleras para Semana Santa están a tope, puede ser un gran error, por decir lo menos.
Que sí, que algo debe cambiar. Y mucho. Cuando una gran manifestación convoca a cientos de miles de personas en una ciudad, en un país, en un continente, en el mundo, es que algo pasa: no es, desde luego, mero oportunismo, ni jolgorio, ni horror a la soledad, ese horror que muchas veces hace que la gente se asocie en un partido político o en un club de futbol. Algo hay de indignación, de conciencia social. Algo, desde luego, que indica que hay cosas que no marchan bien. ¿Esto quiere decir que España es un país machista, en el que la mujer vive discriminada? No lo creo, aunque pervivan usos, costumbres, chistes y hasta canciones -`los estudiantes navarros`, Dios mío...- por completo lamentables. Pero, como tanto se ha dicho, la mujer ocupará necesariamente el poder político dentro de menos de diez años, y el periodístico y el jurídico, incluyendo el judicial: de mujeres estudiantes de todo eso, mucho más que de hombres, están llenas las facultades. Así que preparémonos todos porque el Cambio, con mayúscula, viene, aunque algunos se resistan incluso a los cambios, con minúscula.
Claro que, si no es machista, tampoco es España ese país, antes presentado como un modelo de moderna democracia, que ahora algunos medios quieren ver como un Estado en el que se pisotean los derechos de quienes quieren votar la independencia de un territorio. Hay que afinar mucho más. Pero cierto es que, al tiempo que se asombran por la magnitud de la presencia de manifestantes femeninas en las ciudades españolas el pasado día 8, muchos medios critican, de momento con alguna benevolencia, que se impida a un candidato a la Generalitat estar en el Parlament este lunes para ser investido, porque se le mantiene en prisión provisional. Lástima, porque la investidura de Sánchez se hubiese hecho imposible por el veto de la CUP, y el independentismo hubiese cosechado un nuevo fracaso. Pero comprendo que el magistrado Llarena, cuyas decisiones últimas por supuesto acato pero no comparto, no está ahí para hacer política, sino lo que él entiende como justicia, que, a su modo de ver, es aplicar la ley y punto.
Pero, en mi opinión, y olvidando, si posible fuese, a Llarena, está claro que el Gobierno central debe entender que hay reivindicaciones cada día más patentes que reclaman atención. Incluso en Cataluña, donde, por supuesto, la opinión pública actúa de manera muy diferente a la del resto de España. No podemos seguir culpando, a este lado del Ebro, de todo `a los catalanes`, ni siquiera a la locura independentista de algunos catalanes, como `ellos` no pueden culpar de todos sus males -que van a ser bastantes, a este paso, me temo_a la intransigencia y falta de diálogo democrático `de Madrid`. Así no vamos a resolver nada, el conflicto se va a enquistar y se va a unir a otros muchos que empieza a tener el cuerpo social español, Cataluña, claro, incluida.
No quiero mezclar todos los conflictos, todas las discriminaciones, todas las incomprensiones que, de manera creciente, afectan a esta España que se radicaliza, por cierto, a marchas forzadas. No es justo hacer un `melting pot` con las reivindicaciones feministas y algunos presuntos agravios territoriales, sociales o salariales. Solamente digo, como el propio presidente de la Xunta de Galicia ha sugerido, que el Gobierno, y la llamada clase política en general, deben tomar conciencia de que existe una España real que poco o nada tiene que ver con los datos optimistas de la macroeconomía. Obligación es, o debería ser, del gobernante, y de la (mal) llamada clase política en general, mirar a la `gente de la calle` a los ojos, tomarla de la mano, escuchar sus quejas, sus aspiraciones, sus ideas. Y esto, siento decirlo, para nada se hace, por mucho que algunos presuman de acudir a visitar a `sus bases`. La mayor parte de esas `bases` no son, no somos, bases de nada, y menos de nadie.
Porque contento social, parece mentira que haya que decirlo una vez más, no es que las panaderías abran cada día, ni que los niños acudan diariamente al colegio. Faltaría más. Estamos en la sociedad de la participación, en la era en la que las gentes que se sienten poco escuchadas salen a la calle a gritar sus frustraciones. Y no se pueden, no nos podemos, conformar con leerlo en los titulares de los periódicos y luego, nada. Nada he dicho, sí.
