El artículo 139 de la vigente Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. ¿Quiénes son los catalanes?¿Acaso los descendientes de los franco-carolingios trasplantados a una parte del territorio de España, ante el avance sarraceno para constituir lo que Carlomagno denominó (¡Qué casualidad!!) “Marca Hispánica”. ¿Son eso, como aventuró Junqueras, los que más se parecen a los franceses que al resto de los españoles? ¿O simplemente los españoles o extranjeros nacionalizados que tienen vecindad civil en Cataluña como los Rufián o Trapero…o tantos con independencia de su origen? ¿Hay un elemento étnico definitorio? Se reconoce la propia personalidad que se deriva de una de las variedades del latín que hablamos en España, y que ello enmarca una personalidad socio cultural de amplísimo contenido; pero no un “hecho diferencial” (con consecuencias políticas que los haga distintos de los demás ciudadanos de España) y que el propio Albert Boadella no fue capaz de encontrarse a sí mismo. Esto, que en 2017 parece fácil de entender, no es así para los secesionista, incluidos los que en su tiempo se llamó “charnegos”, en este caso, renegados de su origen.
Y ahora llegamos al paroxismo: ¡Se niega que España exista o haya existido, fuera de la concreción de un Estado fantasma! A más de uno de estos predicadores de la nada les convendría echar un par de ojos al magnífico trabajo de Juan Andrés Gómez Díaz, titulado “La División territorial de España. Provincias y partidos judiciales 175 años” (Toletum: boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo), donde se analiza el modo en que en los últimos siglos recientes se organizó lo que Franco llamaba (y ahora lo imitan algunos) “El Estado Español”, como si el empleo del adjetivo suprimirá la realidad del substantivo España.
Dejando aparte que desde Diocleciano existe el concepto de Hispania como entidad política, es absurdo que se quiera negar que España es una realidad histórica tangible, como subrayaba el comunista catalán y ponente constitucional Jordi Solé Tura, quien insistía en que nos dudase a la hora de emplear el término España y no el eufemístico “Estado español”. El futuro de esa nación, su existencia como tal, corresponde al conjunto de los ciudadanos y no a una parte, aunque coincida que en un determinado espacio de ese territorio, la mitad de la población quiera separarse de ella. El problema radica no sólo en la que otra mitad opta por lo contrario. Y se agrava porque dentro del marco general de convivencia, aceptado por todos, hasta ahora, la decisión de unos pocos no puede afectar a una cuestión que, en todo caso, debe solventar el conjunto de todos a los que afecta.
La Constitución es reformable, incluso conteniendo cláusulas que permitan, no ya modificarla, como ahora sucede, sino que cabe que, dentro de esa revisión, se incluyan cláusulas que puedan permitir referendos que, de ser favorables en ese sentido, permitieran que partes del territorio de esa Estado se separaran del mismo.
Pero hoy en día eso no es ni puede ser posible. Y eso parece fácil de entender. Resulta insólito que los mismos que ignoraron, vulneraron o cometieron actos punibles contra esa Constitución acusen a quienes no hicieron otra cosa que aplicarla y defenderla de “golpe de Estado”, acciones no democráticas o aplicación indebida de la misma o de lo que es más pintoresco, de los tratados internacionales suscritos por España o del inexistente en este caso Derecho de Autodeterminación.
¿Cómo se puede propugnar que se pueda permitir un referéndum que tendría efectos sobre la propia Constitución al margen de ésta. ¿Por qué los españoles que viven en una determinada comunidad van a tener derechos distintos de los de los demás por esta circunstancia, fuera de las tasadas posibilidades limitadas al derecho foral específico, concreto y limitado?
¿Qué se le pide a Rajoy? ¿Qué vulnere la Constitución ante de reformarla? ¿Qué reconozca a Cataluña como un estado propio y que negocie con el fugado Puigdemont como si fueran iguales? ¿Y negociar qué y con qué consecuencias? ¿De qué hablamos? ¿Es eso la respuesta política que se le demanda al presidente del Gobierno? En resumen, yo soy de los convencidos de que, reformada la Constitución, hagamos un referéndum sobre el futuro de España, a partir del futuro de Cataluña. Pero con un pequeño detalle: Que, puestos a votar, votemos todos; tanto los vecinos de Tarrasa como los de Barallobre, Palencia o Dos Hermanas.
