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Los doce meses en los que Pescanova acabó en manos de los acreedores

n n nEl 28 de febrero del 2013 a las 23 horas, Pescanova comunicó a la CNMV que no podía presentar sus cuentas a falta de vender "ciertos activos" o declarar el preconcurso. Al día siguiente, el 1 de marzo, la empresa confirmaba ante al regulador que iría a preconcurso de acreedores. La noticia generó sopresa en ese momento, pues todos los datos e informes avalaban la buena salud de la compañía.
A mediados de marzo del 2013 Pescanova reconoció que había discrepancias entre su contabilidad y las cifras de deuda bancaria, lo que motivó que se suspendiese cautelarmente la cotización de la acción. Fue el 4 de abril cuando ante la insostenible situación Pescanova acude voluntariamente al concurso de acreedores y solicita revocar a BDO como auditor por las discrepancias detectadas.
En abril se desveló también como Fernández Sousa-Faro había vendido sus acciones antes del concurso, sin decirlo a la CNMV. Fomalmente, reconoce una deuda de 3.000 millones de euros.
A finales de ese mes Deloitte asume las riendas de Pescanova y establece en 60 millones de euros el dinero necesario para gastos corrientes. El 23 de mayo la Audiencia Nacional pide investigar el patrimonio de Fernández Sousa-Faro. El 10 de julio se publica el informe forense de KPMG sobre la gestión de Pescanova, en el que se reveló un agujero de mil millones de euros.
El 17 de julio dimite Fernández Sousa-Faro y no fue hasta mayo cuando los bancos acreedores, conocidos como el G7, llegan a un acuerdo para hacerse con el control del grupo societario.n

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