Opinión

La defensa de los rebeldes busca desprestigiar al tribunal y al Estado

Lo que hemos visto hasta ahora del inicio de la vista oral del proceso contra los políticos catalanes acusados de rebelión deja clara la estrategia de sus defensas, de la propia Generalitat y el resto de sus apoyos. En la sombra, como director de orquesta, aparece el fugado Puigdemont, cuyo vicario Torra interpreta en la parte que le toca.
Más que la propia defensa o descargo de las acusaciones que se mantienen contra ellos por parte de la fiscalía, que no del abogado del Estado, a la vista está que la estrategia de las defensas se basa en cuatro puntos:
1º.-Desprestigiar al tribunal juzgador, sugiriendo claramente que se abstenga de aplicar la Ley.
2º.-Desprestigiar la Constitución como marco obligado de convivencia y fuente nutricia de la que emanan las leyes que as todos obligan, que como sabemos ya se ha bautizado como “Régimen de 1978”, con inequívocas referencias evocadoras del “Régimen de Franco”.
3º.-Considerar que, por encima del propio marco constitucional, los justiciables poseían unos derechos naturales superiores que se limitaron a ejercer, por encima de los meros formalismos legales, que este caso, son puramente secundarios. 
4º.-Coordinar los actos a desarrollar dentro de la sala donde se celebra la vista oral con una doble campaña: de desprestigio de la democracia española, presencia solidaria de la Generalitat, el Parlament y las entidades soberanistas de manera visible, y acciones violentas de los CDR en las calles de Cataluña.
Y por encima de todo ello, la propia controversia de la acusación, al haber dispuesto el gobierno que donde ayer hubo rebelión, según el doctor Sánchez estableció cuando todavía no se subía a los “Falcon”, ahora –y así se ordenó al abogado del Estado- para el ejecutivo sólo hubo sedición o ni siquiera eso. Será de ver los informes que, en este sentido, presenten el fiscal y el abogado del Estado. Las defensas tienen un argumento a su favor, puesto que desarma a una parte esencial de la acusación, al reconocerse desde el Gobierno que no hubo violencia, y que los coches destrozados de la Guardia Civil en función judicial fue una anécdota irrelevante. Pienso qué dirán los historiadores del mañana cuando enjuicien con detalle y conozcan todos los datos y perspectivas de este patético momento que vive la sociedad española: y que mientras se trata de poder cerrar una Presupuestos que otorgan estabilidad al Gobierno, éste siga dependiendo, aunque se diga que están rotas las negociaciones (ya vemos la de destacados apoyos y sugerencias como la del inefable Zapatero para que se siga conversando, o Pablo Iglesias que insiste en que no se pongan trabas a la negociación), digo que esa estabilidad dependa de los mismos que arropan a los que están sentados en el banquillo del Supremo y sienten cerca la presencia de sus camaradas que piensan lo mismo que los actores principales de la rebelión. Ya hemos visto el calor con que Torra saludó a sus conmilitones  y el cálido apoyo que mostró de manera ostensible.
Pero, al final de todo esto, hay una pregunta bien sencilla: ¿Cómo van a pretender las defensas explicar que sus patrocinados pudieron ejercer unos derechos que no poseían?

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