Hace casi trece años, el 21 de octubre de 2004, el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba la derogación de los tres artículos del Código Penal introducidos en diciembre de 2003 por el gobierno de José María Aznar que castigaban con la cárcel la convocatoria o apoyo al referéndum ilegal con el que amenazaba el lehendakari vasco Juan José Ibarretxe.
Simultáneamente, con ETA prácticamente derrotada, Zapatero, con “ansias infinitas de paz” le aflojaba las tuercas políticas, incluso algunas policiales, al terrorismo para negociar con buen corazón con aquellos que al perder el miedo volvieron como lobos a unirse a sus manadas.
El pluri o multinacional Pedro Sánchez ha tomado el relevo de Zapatero, cuya sonrisa mansa al servicio de Nicolás Maduro para mediar ante la oposición democrática, legitima el camino hacia el comunismo venezolano: por hacer el bien, todo lo que emprende el exprimer ministro resulta peor que antes.
Su heredero amplía el mal: exige ahora derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada en 2015 por la entonces mayoría parlamentaria del PP que permite destituir a cualquier presidente, incluido al propio Rajoy, si ordena una convocatoria electoral ilegal.
La reforma, con normas sancionadoras para quienes rechacen las sentencias constitucionales, preveía lo que ocurre ahora con el insumiso gobierno catalán.
En su ciego odio monotemático contra el hasta ahora más que prudente Mariano Rajoy, Pedro Sánchez pretende derrumbar las armas de las que dispone el Estado para desmantelar el alocado separatismo de Carles Puigdemont y su corte de fanáticos separatistas.
Ibarretxe era menos irracional –presentó su proyecto en el Parlamento-- que los Puigdemont et all, a los que Sánchez les regala armas para romper España: contra Rajoy, Sánchez se une conscientemente al secesionismo; aunque disimule.
